TRAS 48 AÑOS, COMIENZA EN ROSARIO EL JUICIO DE LESA HUMANIDAD POR LA CAUSA «VILLAZO»
Serán juzgados una veintena de responsables civiles y del Estado por los delitos de "privación ilegÃtima de libertad, torturas, asociación ilÃcita y homicidios" cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ciudadanos de Villa Constitución que se movilizaron en 1975.
La decisión fue adoptada por el Tribunal integrado por los jueces German Sutter Schneider, Ricardo Moises Vazquez y Otmar Paulucci, ante los reclamos de sobrevivientes, familiares de vÃctimas y la querella a cargo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos delegación Rosario (APDH) para que se inicie el juicio de esta causa que se instruye desde hace una década.
«Estamos muy expectantes porque con este juicio finalmente se abre la posibilidad de legalizar por primera vez otra historia y otro relato de los hechos», dijo a Télam la abogada de la APDH y querellante, Gabriela Durruty.
En esa lÃnea señaló: «Son los mismos trabajadores los que van a pasar por el tribunal para contar cómo fue que el 20 de marzo de 1975, cuando una ciudad entera fue sitiada por kilómetros de camionetas y tanques de asalto, se militarizaron las fábricas y se reprimió a sindicalistas en los hechos conocidos como el ‘Villazo’», apuntó.
Durruty dijo que está convencido que que se van «a lograr condenas justas»Ây que se demostrará que habÃa un Estado previo al golpe militar, que «tenÃa la intención de eliminar a una organización que era ejemplar y que estaba surtiendo efecto en los trabajadores de otras industrias que veÃan que era posible que sus derechos sean respetados».
Durante el debate que comenzará este lunes a las 10 en los Tribunales Federales de Rosario (Oroño 940), serán juzgados una veintena de responsables civiles y del Estado por los delitos de «privación ilegÃtima de libertad, torturas, asociación ilÃcita y homicidios»Âcometidos contra 69 vÃctimas, muchos pertenecientes al movimiento obrero, que gestó la última gran huelga clasista del siglo XX en Villa Constitución y su cordón de empresas metalúrgicas que luego serÃan absorbidas por la empresa Acindar SA.
«Lo más importante para nosotros es que se trata del primer caso en la región en el que se indaga la vinculación y la responsabilidad de una empresa (Acindar) en los hechos represivos llevados adelante en tiempos previos, pero vinculados a nuestro criterio, a lo que luego fue la dictadura militar», indicó a esta agencia, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villate.
En ese sentido, señaló que «serán llevados ante un tribunal de justicia, dos de los responsables civiles que fueron ejecutivos de Acindar». Se trata del jefe de personal de la metalúrgica Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, quien cumplÃa funciones administrativas en la firma.
«Los testigos y la documentación indican que ellos colaboraban activamente con la represión marcando objetivos y vÃctimas», apuntó el fiscal, y explicó que «eran de alguna forma, los intermediarios entre el directorio de la empresa y las fuerzas represivas».
Entre los elementos que la FiscalÃa encontró para atribuirle responsabilidad a Acindar figuran que las personas que fueron secuestradas pudieron ser marcados como objetivos para las fuerzas represivas gracias a la información que brindó la firma que poco antes habÃa hecho una actualización de los legajos de su personal con fotos y los domicilios.
Además, la metalúrgica brindó un espacio fÃsico que sirvió como centro clandestino de detención, conocido como albergue de solteros y también dio sobre sueldos a las fuerzas de seguridad, les brindó asistencia mecánica en los talleres que tenÃa la empresa y les habilitó vehÃculos, según consta en la causa.
Lo que se indagará durante el juicio son delitos enmarcados en la causa conocida como «Villazo», que abarcan la ocupación militar, policial y parapolicial de la ciudad de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, a raÃz del triunfo de la opositora Lista Marrón en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, cuando unos 4.000 agente de las fuerzas «ocuparon» la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y produjeron homicidios, secuestros y aplicación de tormentos.
Los testimonios recabados por las diferentes querellas reflejan la «saña y la persecución» que sufrieron las familias de los obreros encarcelados, contienen declaraciones de vÃctimas que eran niños y presenciaron los secuestros de sus padres en sus hogares, de testigos de algunos de los homicidios «aleccionadores» que incluyeron la exhibición de los cuerpos en la vÃa pública y de detenidos que vieron que las fuerzas policiales y parapoliciales portaban sus legajos laborales de Acindar a la hora de capturarlos.
Según la investigación judicial, ese proceso represivo ofició como «laboratorio» de lo que un año después se extenderÃa a todo el paÃs tras el golpe de Estado a la presidenta MarÃa Estela MartÃnez.
«Nosotros establecemos una vinculación entre la circunstancia de que en aquel momento José Alfredo MartÃnez de Hoz era el presidente de Acindar y que más tarde se convirtió en el ministro de EconomÃa paradigmático de la dictadura militar«, indicó Villate, al tiempo que señaló que «él mismo reconoció que la dictadura venÃa a modificar una matriz económica y productiva de la Argentina, en esa matriz, el movimiento obrero significaba claramente un obstáculo».
En coincidencia, la abogada querellante afirmó que «está sobradamente demostrado que el grupo a eliminar fue el movimiento obrero organizado, a través de lo que llamaron el operativo ‘Serpiente roja’ en referencia a todo el Cordón Metalúrgico y cuya ‘cabeza’ estaba en Villa Constitución».
Las primeras denuncias de las vÃctimas en la causa se radicaron en la Justicia Federal de Rosario en 2013, cuando aún vivÃan muchas de las vÃctimas y testigos directos como los históricos dirigentes sindicales, Alberto José Piccinini y Victorio Paulón. Este último alcanzó a declarar en la investigación y dejó «testimonios contundentes», indicó Durruty.
En esa lÃnea, remarcó que «el tiempo conspira en nuestra contra, porque hace que perdamos compañeros valiosÃsimos o muchos de los que deberÃan estar imputados no pueden serlo porque fallecieron o no están en condiciones de defenderse».
«Sin embargo -continuó- creemos que lograr las imputaciones de porciones representativas de cada fuerza implicada en la represión sindical y por supuesto de los civiles, es importante para sumar a la acción reparadora de la justicia».
«Estamos seguros que vamos a llegar a las debidas condenas y que los fundamentos vertidos van a ser los libros de textos que cuenten este pedazo de la historia obrera de nuestra región», finalizó.
El inicio del juicio será transmitido en vivo por el canal de YouTube del TOCF Rosario Nº1 en .
Además, desde las 9, organismos de Derechos Humanos, militantes sociales, vÃctimas y familiares verán el inicio del juicio a través de una pantalla gigante colocada frente a los Tribunales Federales de Rosario.
Las próximas audiencias se desarrollarán el 13, 14, 21, 27 y 28 de noviembre, y el 4,5 y 20 de diciembre, a las 10 horas.
Los comentarios están cerrados.