Formarse en sus derechos para vivir de forma independiente, trabajar para modificar las barreras viales, educativas y cotidianas que los excluyen, lograr el reconocimiento de obras sociales de los asistentes personales son parte de las luchas que, junto a organizaciones, muchas personas con discapacidad asumen como desafío para modificar aquello que resulta «ya dado y natural».
En el marco del día internacional de las personas con discapacidad, que se recuerda este domingo 3 de diciembre, Elena Dal Bó, fundadora en 2005 de la Asociación Azul de la localidad bonaerense de La Plata habla de los derechos humanos de todas las personas, como si fuera un ítem olvidado para algunos: «Son sujetos de derechos y tienen que poder manejar su vida».
El movimiento de vida independiente, al que adhieren organizaciones de personas con discapacidad, como la Asociación Azul y la de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), entre tantas otras, fue la que sentó las bases desde los años 60 en Gran Bretaña para reafirmar y visibilizar sus derechos.
Este movimiento global logró plasmar sus luchas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina le dio estatuto constitucional y la convirtió en la Ley 26.378, promulgada el 6 de junio de 2008.
«El modelo social, que es el que ilumina la Convención, nace en Gran Bretaña en la década del 60, alude a un cambio de paradigma, para entender que las personas no son objetos para recibir cuidados y que otros decidan por ellas, como si no fueran capaces de saber lo que quieren, como decía el modelo médico», enfatizó.
Como referenta del tema, participó de la discusión de la Convención Internacional, aprobada en 2006, a la que suscribieron más de 100 países, y explicó que «el modelo de vida independiente lo que hace es trabajar y fortalecer las formas e instrumentos, como el objetivo por el que Azul ha dejado la vida y es la asistencia personal, certificación que impartíamos en la escuela de oficios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), pero como ahora no pagan, no lo damos».
Durante casi veinte años, la obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA, reconoció el trabajo de asistentes personales, a través de una demanda judicial que inició la Asociación, pero tras su apelación y el silencio de la Corte Suprema que aún no se expide, actualmente no lo cubren.
Hace más de seis años, la Asociación busca que diputados bonaerenses aprueben un proyecto de ley que reglamente la figura del asistente personal en el marco del cumplimiento de la ley 27.044.
«Hay un montón de dinero que se gasta en figuras como acompañantes terapéuticos, instituciones geriátricas, mientras que podrían invertir trabajo para que las obras sociales acepten a los asistentes personales», explicó.
El rol del «asistente personal»
El asistente personal es una persona que está al servicio del usuario, «no puede decidir nada, ni taparlo, limpiarle la boca; todo lo que realice sin consentimiento de la persona que asiste, es violento y tiene que tener muy reflexionado y tratado los temas éticos, porque la persona con discapacidad, como cualquiera, es quien decide sobre su vida», explicó.
Fuente: TÉLAM
Por: Graciela Herrera
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