A juicio: los detalles de la acusación por trata de personas contra el abogado Gustavo de la Fuente y su socio

El Tribunal Oral Federal de San Juan se encamina a juzgar una de las causas de explotación humana más complejas de los últimos años en la provincia. En el banquillo de los acusados comparecerán el abogado local Gustavo Antonio de la Fuente y su socio de nacionalidad colombiana, John Sebastián Quevedo Medina. Ambos están señalados como los presuntos cabecillas de una organización criminal que, bajo la fachada de la agencia de modelos webcam Belle Argentina, habría explotado sexualmente a unas 37 mujeres, incluyendo un caso de traslado interprovincial desde La Rioja bajo engaño.

El esquema de captación y vulnerabilidad

De acuerdo con los elementos recolectados por la fiscalía, el modus operandi de la banda consistía en captar a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad económica y social, muchas de ellas madres solteras desempleadas. Las víctimas accedían a las ofertas laborales por necesidad financiera y terminaban atrapadas en la estructura.

La acusación señala que De la Fuente utilizaba su propio estudio jurídico y propiedades en el Consorcio San Ignacio para coordinar las actividades. Allí presuntamente convocaba a las jóvenes a reuniones para ofrecerles dinero a cambio de servicios sexuales e invitarlas a formar parte de un esquema de prostitución denominado “VIP”. En tanto, Quevedo Medina ejercía el rol de administrador de la firma, la cual mantenía nexos operativos y comerciales con Colombia y Estados Unidos.

Condiciones de habitabilidad y sistema de penalizaciones

Los testimonios brindados por las víctimas ante la justicia describen un escenario de precarización extrema. Las mujeres denunciaron haber sido obligadas a realizar actos sexuales virtuales sin consentimiento pleno, cumpliendo jornadas extenuantes en establecimientos que no contaban con servicios básicos como calefacción o agua caliente, inclusive viéndose forzadas a trabajar enfermas.

Para asegurar el sometimiento y el control del personal, la organización implementó un riguroso esquema de penalizaciones:

• Multas económicas: Castigos financieros por llegadas tarde o inasistencias.

• Liquidación irregular: Aunque se les prometía el 50% de las ganancias en dólares, recibían montos reducidos en pesos tras sufrir deducciones arbitrarias.

• Descuentos cruzados: Se les retenían haberes si consumían productos en un drugstore propiedad de Quevedo Medina.

• Pérdida de privacidad: Los directivos controlaban el material fílmico original, el cual frecuentemente terminaba filtrado en páginas web comerciales sin la autorización de las modelos.

Un negocio millonario bajo la lupa federal

La dimensión financiera del caso expone un negocio de escala internacional. La investigación judicial estima que, en un lapso de dos años, la organización generó ingresos cercanos a los 300 millones de pesos mediante transmisiones en plataformas globales como Camsoda, Cam4 y Strip Chat. Para evadir la fiscalización de los organismos de control, los pagos se procesaban a través de billeteras virtuales y activos criptográficos.

Asimismo, los magistrados evalúan una línea de investigación por presunto traslado internacional de personas. El foco está puesto en el caso de una exmonitora de la empresa, de nacionalidad argentina, que habría sido enviada a Colombia debido a su alto rendimiento comercial, sin que existan registros oficiales de su reingreso al país.

Las audiencias ante el Tribunal Oral Federal buscarán determinar el grado de responsabilidad penal de los principales investigados y sus colaboradores en una red que, según los términos de la pieza acusatoria, redujo a las damnificadas a una “condición de bien material”, vulnerando de forma sistemática su autonomía y dignidad humana.

POR LIC. EUGENIA VILA