A un año del protocolo que puso en marcha el Gobierno para desactivar los piquetes de las organizaciones sociales

El gobierno de Javier Milei celebra como un gran logro de su gestión haber liberado las calles y avenidas -sobre todo porteñas- de piquetes y manifestaciones. Primero fue un triunfo sobre las organizaciones de izquierda lideradas por el Polo Obrero de Eduardo Belliboni y después sobre el resto de las agrupaciones sociales peronistas agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El éxito, según quien analiza, tiene varias miradas: un cambio de paradigma; hacer respetar las leyes o un sistema de represión policial. O tal vez la suma de esas visiones. Como sea la formula de La Libertad Avanza que le permitió conseguir lo que, por ejemplo, Mauricio Macri habría prometido y no consiguió.

El torniquete a los piqueteros comenzó días antes del 20 de diciembre de 2023. En ese fecha, los piqueteros de izquierda, con Belliboni a la cabeza, anunciaron la primera movilización a Plaza de Mayo contra el Gobierno que había asumido 10 días antes. Sin embargo, el presidente delegó en dos ministras del gabinete nacional, la de Capital Humano, Sandra Pettovello; y la de Seguridad, Patricia Bullrich, la responsabilidad para terminar con esta forma de movilización.

En una conferencia de prensa, las dos funcionarias anunciaron medidas en conjunto. Por un lado, desde Seguridad se implementaría el Protocolo Antipiquete. Se debía marchar sobre las veredas. En caso de ser muy numerosas las columnas, debían moverse, caminar, marchar, es decir no parar para bloquear el tránsito. La concentración y/o los actos debían realizarse en plaza u otros espacios púbicos sin cortar arterias.

En caso de hacerlo, las fuerzas federales desalojarían a los manifestantes. También debían solicitar permiso y dar a conocer el recorrido.

Por otro lado, Bullrich habilito la Línea 134. Los beneficiarios de programas sociales que eran obligados a asistir a las marchas bajo coacción de perder el plan podía llamar de manera anónima y dejar los datos de los dirigentes sociales y organizaciones a las que pertenecían.

Fue un acierto. A pocos días de cumplirse un año de la medida se registraron más de 167 mil testimonios. De hecho, Eduardo Belliboni, entre otra quincena de dirigentes del Polo Obrero fueron procesados por esos hechos, pero también por malversar parte de los subsidios que recibía su organización. Utilizaban facturas truchas para justificar gastos. Hacían política en vez de asistir a los más vulnerables.

“El que corta no cobra”

Pettovello, por su parte, difundió por redes sociales, en estaciones de trenes, colectivos y a través de mensajes de WhatsApp la leyenda: “El que corta no cobra”. Solicitó que se denuncie cualquier “apriete” u “extorsión” al 134 y aplicó una medida que fue la llave del éxito: les quitó el poder de intermediación que tenían los dirigentes sobre los beneficiarios de ex programas claves como el Potenciar Trabajo. De esa forma el gobierno les arrebató el arma que, según as causas que tramitan en la justicia federal utilizaban para “coaccionar”, “presionar” y “extorsionar” para que asistan a los piquetes bajo la amenaza de quitarles el plan social.

Más de 11 mil llamados al 134 aportaron datos precisos para alimentar causas que se tramitan en juzgados a cargo de, por ejemplo, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, y Luis Armella, quienes ya imputaron a dirigentes piqueteros por el presunto delito de coacción a beneficiarios de planes sociales.

Pettovello también sustituyó el Programa Potenciar Trabajo por el Programa Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social. En palabras de la titular de Capital Humano: “De esta manera terminamos con el clientelismo político que afectaba a los trabajadores de la economía popular”.

Casi de un día para el otro las columnas se despoblaron de supuestos militantes. Tanto fue así que hasta el propio Belliboni fue expuesto marchando por las veredas gritando sus consignas con un megáfono.

A partir de esta ofensiva, piqueteros y organizaciones comenzaron a marchar menos y a convocar menos gente para reclamos que antes producían un caos en el centro porteño.

De hecho, desde el 11 de abril pasado la Avenida 9 de Julio no se cortó de manera total. Ese día solo 30 minutos estuvo interrumpido el tránsito. La Policía de la Ciudad, a cargo del alcalde Jorge Macri, aplicó a rajatablas el Protocolo Antipiquetes y después de varios incidentes que derivaron en detenciones y heridos, se desalojó la arteria. La marcha era numerosa, a las organizaciones de izquierda se había sumado columnas de la UTEP. La intención era reclamar al ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini 1285, alimentos para los comedores y merenderos que administraban.

En otros eventos, la Policía de la Ciudad colaboró con las fuerza federales para hacer cumplir con las normas.

Según los datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación a los que accedió Infobae, desde el 20 de diciembre el protocolo antipiquetes se aplicó 310 veces con 50 mil efectivos movilizados. El resultado fue “cero piquetes en la Ciudad de Buenos Aires”, coinciden en los ministerios de Seguridad de Nación y CABA.

En la cuenta están contemplados los mega operativos en la zona de Congreso en las fechas que se debatió la Ley Bases, y las últimas marchas piqueteras que se realizaron sobre la avenida 9 de Julio.

El relevamiento sobre las marchas realizado por los funcionarios nacionales destaca, por un lado, el debilitamiento de las organizaciones piqueteras y por el otro que las ultimas concentraciones, en la mayoría de las cuales se respetó el protocolo antipiquetes, fueron impulsadas por gremios vinculados al estado, como ATE, CTA Autónoma, SUTEBA y CICOP, entre otros, por reclamo de la decisión del gobierno nacional de despedir o no renovar contratos a empleados de organismo del Estado, como el INTI, el Hospital Posadas, del Ministerio de la Mujer, del ex Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y entre otros, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Ocho mil piquetes en 2023

Uno de los grandes desafíos que tenía el gobierno de Milei era desarticular, disminuir, los casi 8.000 piquetes que se habían realizado en el país en 2023 de los cuales unos 1.500 se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de ellos había sido encabezados por organizaciones piqueteras.

Hasta ahora La Libertad Avanza consiguió lo que ningún otro gobierno: replegar de las calles las masivas marchas piqueteras.

Las dos últimas marchas por reclamos contra las políticas sociales y económicas que lleva adelante La Libertad Avanza, se realizaron el 7 de mayo y el 9 de junio. En esas oportunidades no se cortó la Avenida 9 de Julio. Se intentó hacerlo en el Puente Pueyrredón y el Puente Saavedra. Pero los manifestantes fueron desalojados después de breves incidentes. La policía los superaba en número. También intentaron llegar a la quinta de Olivos, pero la Policía Federal lo impidió y debieron marcharse. Las columnas tampoco eran numerosas.

La última concentración frente al Palacio Legislativo, el 27 de junio contra el proyecto de Ley Bases y el Paquete Fiscal, fue un fracaso: concentraron menos de 500 personas. Ese día, además de la izquierda, convocaron los movimientos sociales peronistas que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular, como el Evita, el MTE y Barrios de Pie. Una minúscula representación de la UTEP permaneció menos de una hora y se retiraron. La geografía en la Plaza Congreso mostraba más policías y banderas que militantes.

“Sin guita no hay piquetes”

“No hay piquetes. Sin guita no hay piquetes. Les cortamos la intermediación por eso no tienen como hacer marchar a la gente. Ya no tienen poder de extorsionar a los más vulnerables”, sostiene un estrecho colaborador de Pettovello al ser consultado por este medio.

Pettovello también limpio de funcionarios vinculados a los movimientos sociales el ex ministerio de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Es decir, los que “estaban de los dos lados del mostrador”.

Romper con la intermediación fue clave para esta administración. Alberto Fernández les dio cada vez más poder a los dirigentes sociales como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita o Daniel Menéndez de Barrios de Pie. El 21 de junio de 2022 la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner ya se lo había exigido a Alberto Fernández. Pero este no lo hizo. Todo lo contrario.

El 18 de diciembre de 2023, ocho días de llegar al poder, el gobierno de Milei tomó otra decisión de suma importancia para comprender la falta de asistentes a los piquetes. Pettovello eliminó el certificado de asistencia que otorgaban los movimientos piqueteros a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que realizaban labores por 20 horas semanales en cooperativas que ellos mismos administraban. Ese certificado, que se validaba con las planillas de presentismo eran la llave de acceso al cobro de los planes, en particular, del Trabajar. Con esa apuesta, el oficialismo comenzó a debilitar el poder de las organizaciones sobre los beneficiarios de los planes.

A partir de entonces comenzó la sangría en las columnas piqueteras. El primer síntoma fue la ausencia de madres con niños en los piquetes.

Capital Humano también realizó auditorías sobre los comedores y merenderos comunitarios a los que los dirigentes sociales decían hacer llegar los alimentos que recibían desde la ex cartera de Desarrollo Social. El 47% de los comedores auditados y que estaban preinscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos no existían.

Pettovello también les arrebató la tercerización de los alimentos para esos lugares. La ministra ahora los asiste de manera directa a través de la tarjera “Alimentar Comunidad”. Dirigentes sociales y políticos, como Juan Grabois, referente de Argentina Humana y del MTE denunció que La Libertad Avanza desabastece de alimentos a los comedores.

“Si no marcha no come”, era el castigo para un beneficiario que asistía a un comedor piquetero. Según las pruebas reunidas en una de los expedientes judiciales.

“Fue imprescindible llevarle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Debían saber que nadie podía obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspendimos el control de los certificados de presencialidad que daban las organizaciones sociales”, recordó Pettovello, Bullrich, por su parte recordó casi un año después: “Ahora los ciudadanos comprobaron cual era realmente el poder de movilización de las organizaciones piqueteras. En la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del país hay cero piquetes”, remató la ministra de Seguridad.

Fuente: Infobae

Rivero. C