Acueducto Gran Tulum: la investigación penal se enfoca en los procesos administrativos

La investigación penal vinculada al Acueducto Gran Tulum continuará al menos hasta principios de noviembre, luego de que una jueza de Garantías concediera una prórroga de 90 días hábiles solicitada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro.

El objetivo del Ministerio Público Fiscal es profundizar distintas medidas de prueba relacionadas con la gestión administrativa del proyecto y avanzar en la recopilación de documentación considerada clave para el expediente.

Uno de los puntos aclarados por los investigadores es que la causa, por el momento, no está enfocada en determinar si los caños utilizados en la obra son aptos o presentan deficiencias técnicas. Ese aspecto no integra actualmente el eje central de la investigación penal.

Según explicaron fuentes judiciales, la pesquisa apunta a analizar cómo se desarrollaron los procedimientos administrativos vinculados a la obra, entre ellos licitaciones, contrataciones, adjudicaciones, controles y otros actos relacionados con la ejecución del proyecto.

La decisión fue adoptada tras una audiencia en la que se había dispuesto un cuarto intermedio para notificar al abogado Marcelo Usair, quien se presentó espontáneamente en representación de dos personas interesadas en el expediente. Finalmente, el letrado no participó y la magistrada resolvió conceder el plazo solicitado por los fiscales.

De acuerdo con Gómez, esta extensión constituye la última prórroga prevista para la etapa de investigación penal preparatoria. Durante ese período, la Fiscalía deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar con una formalización contra eventuales responsables o si corresponde archivar las actuaciones.

Mientras tanto, los investigadores continuarán reuniendo informes, documentación y declaraciones testimoniales para determinar si existieron conductas que puedan encuadrarse dentro de un delito penal.

Desde la Fiscalía también señalaron que una eventual discusión sobre la calidad o la aptitud de los materiales utilizados dependerá de los resultados que arroje esta etapa investigativa. Si surgieran indicios de irregularidades, podrían abrirse nuevas líneas de análisis relacionadas con decisiones adoptadas durante la ejecución del proyecto.

En caso contrario, si no se detectan elementos que configuren un delito, la causa podría cerrarse sin avanzar hacia una instancia formal. No obstante, ello no impediría que el Estado provincial eventualmente recurra a otras vías judiciales, como una acción civil por presuntos incumplimientos contractuales.