Acueducto Gran Tulum: suman un informe clave que podría comprometer a funcionarios

La denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo. El abogado Marcelo Arancibia presentó una ampliación de la acusación original e incorporó documentación técnica que, según sostiene, demostraría que organismos públicos, inspectores y responsables de la obra tenían conocimiento de observaciones críticas sobre las cañerías utilizadas desde junio de 2020.

La nueva presentación judicial incorpora como pieza central un informe técnico elaborado por la firma Industrias Metalúrgicas Jaime el 24 de junio de ese año, en plena ejecución de la obra financiada con fondos provinciales y un crédito internacional destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable del Gran San Juan.

De acuerdo con la ampliación, el documento detalla observaciones vinculadas al proceso de electrofusión de los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) empleados en distintos tramos del acueducto. Para Arancibia, esas conclusiones técnicas permitían advertir posibles problemas que comprometían la calidad y confiabilidad del sistema.

En ese marco, el denunciante consideró clave determinar qué funcionarios y responsables de la obra tomaron conocimiento de esas observaciones y cuáles fueron las decisiones adoptadas a partir de entonces.

Según la presentación, el informe fue elaborado en el marco de inspecciones realizadas con participación de representantes de la contratista MAPAL S.A., personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y técnicos especializados, por lo que las advertencias habrían sido conocidas durante el desarrollo mismo de la obra.

La ampliación plantea que la investigación ya no debe centrarse únicamente en establecer si los materiales utilizados cumplían o no con las especificaciones técnicas requeridas, sino también en determinar si existió conocimiento previo de posibles deficiencias y, aun así, se avanzó con la ejecución, certificación y financiamiento del proyecto.

“La gravedad institucional del caso radica en que las observaciones técnicas no habrían surgido años después de terminada la obra, sino durante su ejecución”, sostiene el escrito incorporado al expediente.

Bajo esa hipótesis, la denuncia busca establecer si existieron omisiones deliberadas, encubrimiento de información técnica o decisiones administrativas adoptadas pese a la existencia de advertencias formales.

A partir de la nueva documentación, Arancibia solicitó ampliar la investigación sobre posibles delitos vinculados con la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, figuras que deberán ser evaluadas por la Justicia según la prueba que se incorpore durante la instrucción.

El informe técnico ahora incorporado a la causa describe las características de los caños utilizados, los procedimientos de ensamblaje y electrofusión ejecutados durante 2020 y las verificaciones realizadas sobre las uniones.

Para el denunciante, esos antecedentes constituyen una prueba relevante para reconstruir qué información circuló entre los responsables del proyecto y si existieron alertas técnicas que no fueron atendidas.

La investigación judicial deberá determinar ahora si esas observaciones detectadas durante la construcción tuvieron incidencia en las decisiones administrativas posteriores y si existió perjuicio para el Estado en una de las obras hídricas más importantes ejecutadas en San Juan en las últimas décadas.