Acueducto Gran Tulum: Uñac y Andino se presentaron en Tribunales para la formalización tras la ausencia anterior

El exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, junto con el diputado nacional y expresidente de OSSE Cristian Andino, se presentaron este martes en el edificio del Poder Judicial de San Juan para protagonizar la audiencia de formalización de la investigación por presuntas irregularidades en la fallida obra del Acueducto Gran Tulum.

La presencia de ambos referentes del peronismo local generó gran expectativa en el ámbito político y periodístico, especialmente luego de que el pasado 14 de octubre incumplieran con la citación judicial prevista.

La audiencia comenzó pasadas las 14:30 en la Sala 9 de Tribunales, situada en calle Rivadavia 473 este. Durante el inicio, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro expusieron los hechos investigados y las presuntas responsabilidades de los implicados en el expediente.

No obstante, la jornada volvió a registrar ausencias: el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino se ausentó por encontrarse fuera del país en un viaje programado con anterioridad, por lo que su defensa solicitó su participación a través de la plataforma Zoom. Este planteo quedó bajo el análisis de la jueza Mónica Lucero, mientras la fiscalía insistió en que el proceso debe avanzar sin demoras.

Una causa millonaria bajo la lupa

La investigación, originada a raíz de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, apunta a dilucidar posibles delitos contra la administración pública en la contratación y ejecución del acueducto.

El proyecto global fue licitado por un total aproximado de 200 millones de dólares, financiados en mitades iguales mediante un crédito internacional gestionado ante fondos de Kuwait y Australia, y aportes del Estado nacional durante la gestión anterior. Sin embargo, la obra nunca se completó y generó un severo perjuicio financiero para la provincia, que actualmente continúa abonando los compromisos internacionales de la deuda.

Entre los puntos más graves de la pesquisa se investiga:

• La calidad de los materiales: Se analiza si los caños suministrados por la empresa Krah América Latina S.A. —adjudicataria de la licitación en 2018— eran aptos para el transporte de agua potable o si contenían insumos potencialmente tóxicos para el consumo humano.

• El perjuicio económico: Desde la actual gestión del gobernador Marcelo Orrego se estimó que solo la pérdida asociada a los 10 kilómetros de cañerías que debieron ser retirados demandó una inversión cercana a los 50 millones de dólares.

• El entramado administrativo: Se evalúa el rol de funcionarios, exdirectivos de OSSE y representantes comerciales, incluido el fallecido Gustavo Monti, en los procesos de licitación y en la facturación de comisiones a través de firmas intermediarias como PVC San Juan SRL.

Con el avance de la formalización bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales y el Procedimiento Especial de Investigación, la causa continúa sumando elementos clave para determinar responsabilidades políticas y penales en torno a uno de los mayores escándalos de obra pública en la provincia.

POR LIC. EUGENIA VILA