Ariel Omar Pérez, conocido como «Guascazo», enfrenta acusaciones por el asesinato de Yanina Gabriela Pérez, su ex pareja, quien fue apuñalada brutalmente frente al cementerio de Angaco. En su última comparecencia ante el juez, Pérez, visiblemente tenso, apenas intercambió miradas con los familiares de la víctima antes de asumir una postura reservada. Su nueva defensa, liderada por los abogados Fernando Bueno y Eduardo Sait, presentó una estrategia legal que intenta justificar el crimen alegando que Pérez era víctima de hostigamiento por parte de la fallecida, lo que habría desencadenado su reacción violenta.
La estrategia de la defensa se centra en solicitar una evaluación psiquiátrica detallada para determinar el estado mental de Pérez en el momento del crimen. Argumentan que las presuntas alteraciones psicológicas podrían haberlo llevado a un estado de emoción violenta, lo que atenuaría su culpabilidad o incluso lo declararía inimputable. Este enfoque legal se basa en antecedentes que sugieren un posible pacto suicida entre Pérez y la víctima, así como en audios enviados por Pérez después del crimen, en los que admite haber apuñalado a la mujer.
Por otro lado, la fiscalía sostiene que Pérez era plenamente consciente de sus acciones y debe enfrentar las consecuencias máximas de la ley. Durante la audiencia, se presentaron pruebas contundentes que complican la posición de Pérez, incluyendo testimonios de testigos presenciales del crimen, denuncias previas por violencia doméstica realizadas por la víctima, así como informes psiquiátricos que lo consideran imputable. A pesar de la solicitud de protección para Pérez por parte de su defensa, la audiencia concluyó con su imputación por homicidio agravado y el otorgamiento de un año para la investigación, durante el cual permanecerá en prisión preventiva.
El caso ha generado una fuerte respuesta de la comunidad, con cientos de personas manifestándose en apoyo a la familia de la víctima y en defensa de los derechos de las mujeres. En medio de una creciente sensibilidad social hacia los casos de violencia de género, el destino de Pérez ahora está en manos de la justicia, que deberá determinar su responsabilidad en este trágico suceso.
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