Acusan a exjefa del Registro Civil de Pocito por una millonaria red de estafas con DNI adulterados

El fiscal federal Fernando Alcaraz presentará este jueves la acusación contra una presunta organización delictiva dedicada a la falsificación de documentos de identidad para cometer estafas millonarias. Entre los principales imputados se encuentra Natalia Castillo, quien se desempeñaba como titular de la delegación del Registro Civil en Pocito.

De acuerdo con la investigación, la maniobra consistía en emitir DNI auténticos, pero con datos biométricos adulterados —como fotografías y huellas digitales—, lo que permitía a los involucrados acceder a créditos y realizar compras, principalmente de electrodomésticos, que luego eran revendidos. El perjuicio económico total asciende a más de 156 millones de pesos.

El caso salió a la luz el 30 de junio de 2025, tras una denuncia realizada por un ciudadano de Tandil que comenzó a recibir reclamos por deudas contraídas en San Juan sin su consentimiento. A partir de ese hecho, se desplegaron allanamientos y detenciones, además de una auditoría del Registro Nacional de las Personas, que permitió detectar al menos 22 intentos de adulteración de documentos, de los cuales cuatro llegaron a concretarse.

Según la acusación, la banda operó entre agosto de 2024 y mediados de 2025, con una estructura organizada y roles definidos. Entre los señalados como cabecillas también figuran Rolando Navarro Zaide, Rodrigo Navarro Pozo y Marcelo Cardozo. Además, hay otros implicados acusados de colaborar en la gestión de los trámites para obtener los documentos adulterados.

Durante los operativos, efectivos de Gendarmería secuestraron distintos bienes adquiridos con el dinero de las estafas, entre ellos electrodomésticos, bicicletas y teléfonos celulares.

El fiscal y la auxiliar Virginia Rodríguez sostienen que se trató de una “estructura criminal organizada” que no solo afectó a particulares y entidades financieras, sino que también comprometió la fe pública y el derecho a la identidad. Incluso, una de las víctimas denunció que no pudo ejercer su derecho al voto debido a la adulteración de sus datos.

La acusación incluye delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y estafa, además de infracciones a la normativa vigente en materia de identificación de personas. En esta audiencia, el Ministerio Público avanzará con el pedido de penas de cara al futuro juicio oral.