El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, recibió un nuevo pedido de juicio político. La presentación contra el cortesano la formuló la exdetenida-desaparecida Patricia Isasa, quien acusa a Rosatti de haber protegido a uno de los represores que la secuestró y torturó cuando tenía 16 años. Los diputados del Frente de Todos ya lo habían denunciado por haber firmado el fallo del 2×1 que abría la puerta para una salida temprana de las cárceles a los genocidas de la última dictadura.

A Patricia Isasa la secuestraron el 30 de julio de 1976. Era el último día de vacaciones del colegio, pero ella estaba en cama con rubeola. En su casa ingresó una patota de hombres armados y se la llevó. “Me arrancaron de la cama, de mi casa, de mi mamá, de mi vida cotidiana para llevarme al infierno de los campos de concentración”, relató.

Uno de los que integraba la patota era Eduardo Ramos Campagnolo, un miembro de la policía de Santa Fe. Isasa identificó a Ramos Campagnolo –conocido como “El Curro”– como quien la torturó y violó mientras estaba en cautiverio.

Ramos Campagnolo terminó exonerado de la policía de Santa Fe y se consiguió un trabajo al regreso de la democracia en la municipalidad de Santa Fe. En febrero de 1998, Isasa se enteró de la situación y fue a denunciarla ante Rosatti, que era el intendente por entonces. Según ella consigna en su presentación, se decía que Ramos Campagnolo era cercano a Rosatti y cumplía “funciones gansteriles”.

Isasa llevó la documentación que había logrado reunir sobre Ramos Campagnolo y se la mostró a Rosatti. Le dijo incluso que con su permanencia en el municipio violaba el estatuto que establecía que no podía haber personal exonerado entre los trabajadores municipales. El intendente habría prometido tomar cartas en el asunto, según recuerda Isasa. “El Dr. Rosatti me dijo que se iba a encargar del tema, pero con el tiempo comprobé que no hizo nada, ni siquiera abrió un sumario administrativo, para verificar los hechos por mi denunciados con documentación en mano. El Dr. Rosatti conoció los antecedentes de Ramos, y lo encubrió, manteniéndole el trabajo en la Municipalidad”, escribió Isasa.

En octubre de 1998, Isasa viajó a Madrid para testimoniar ante el juez Baltasar Garzón sobre su secuestro. En noviembre de ese año, el magistrado español pidió la detención de Ramos Campagnolo. Recién cuando se reabrieron las causas en el país por crímenes de lesa humanidad, Ramos Campagnolo fue detenido. En 2005, le dieron la baja del municipio de Santa Fe –según informó Isasa en su pedido de juicio político–.

Ramos Campagnolo acumula varias condenas en su haber. La primera la recibió en 2009 –en el juicio en el que también estuvo como acusado el exjuez Víctor Hermes Brusa–. En 2019, se llevó adelante un nuevo juicio en el que se contempló la violación que ella había sufrido cuando tenía 16 años. En ese proceso, Ramos Campagnolo recibió una condena de 20 años. El represor es uno de los criminales de lesa humanidad que hicieron denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos contra el país por sentarlos en el banquillo.

En la presentación que hizo en las últimas horas ante la presidencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Isasa ofreció aportar toda la prueba necesaria. “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político”, concluyó con una cita del jurista Joaquín V. González.

Rosatti fue fuertemente criticado por los organismos de derechos humanos por haber conformado junto con Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco la mayoría que le habilitó el beneficio del 2×1 a los genocidas de la última dictadura en 2017 –menos de un año después de haberse sumado a la Corte Suprema–. Después de las multitudinarias marchas de repudio, Rosatti fue el más interesado en dar vuelta el criterio que había establecido en el caso del represor Luis Muiña. En diciembre de 2018, firmó que el 2×1 no era aplicable en casos de lesa humanidad.

Desde la mesa de organismos saludaron la semana pasada el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema. “En reiteradas oportunidades los organismos de derechos humanos hemos explicitado nuestro rechazo al accionar profundamente antidemocrático de esta Corte Suprema, que ha intentado garantizar, por todos los medios, la impunidad de los genocidas”, escribieron en un comunicado.

Ante Naciones Unidas, los organismos denunciaron las demoras en las que el máximo tribunal incurre a la hora de revisar los expedientes sobre crímenes cometidos durante la última dictadura. Desde 2016, la Corte discontinuó las reuniones de la Comisión Interpoderes, creada para subsanar los obstáculos que impedían que avanzaran los juicios contra los genocidas. En octubre de 2020, Rosenkrantz –ideólogo del 2×1– la convocó después de que la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley presentara un pedido de juicio político contra él por su postura frente a las causas sobre crímenes contra la humanidad. El ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y la mayoría de los organismos rechazaron el convite. Desde que asumió al frente del máximo tribunal, Rosatti ni siquiera atinó a desempolvar esa comisión.

FUENTE: PAGINA12

OPERADOR: ANA PAULA CARRASCO