Alerta en el Congreso: exigen a los diputados aprobar la ley contra la impunidad vial

La Asociación Civil Familias del Dolor lanzó una urgente campaña nacional dirigida a la Cámara de Diputados para evitar que naufrague el proyecto de ley que busca reformar el Código Penal en materia de delitos viales. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, se encuentra actualmente retenida en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y corre el riesgo de perder estado parlamentario (Expediente 1029/24) si no es tratada antes del límite de septiembre.

“Está frenado, y de no salir antes de septiembre volvemos al inicio y hay que hacer todo de nuevo”, advirtió con preocupación Guillermo Chirino, referente de la organización sanjuanina, reflejando el temor de los familiares a que años de lucha queden en la nada.

Freno a la puerta giratoria: el fin de las penas excarcelables

El corazón del proyecto apunta directamente a modificar un sistema judicial donde la mayoría de los responsables eluden la cárcel. El texto propone un cambio drástico en las reglas de juego:

• Prisión efectiva garantizada: Hoy en día, la escala penal va de 3 a 6 años y la justicia suele otorgar el mínimo, permitiendo que los condenados queden libres. La reforma establece un piso de 4 años de prisión efectiva ante la presencia de agravantes.

• Pena máxima severa: El castigo más alto por provocar una tragedia vial se elevará hasta los 12 años de cárcel, sumado a una inhabilitación mucho más severa y extendida para volver a conducir.

• Cero especulación jurídica: Se delimitará con total rigurosidad la frontera entre “culpa temeraria” y “homicidio culposo”. Con esto se busca terminar con las interpretaciones técnicas de los jueces que terminan beneficiando a quienes demuestran un desprecio absoluto por las normas de tránsito.

Los agravantes que irán a la cárcel

La modificación del Código Penal dejará de tratar como “accidentes” los hechos provocados por negligencias explícitas. El mínimo de 4 años de cárcel se activará de forma automática ante conductas como:

1. Conducción bajo los efectos del alcohol en sangre.

2. Uso del teléfono celular al volante.

3. Excesos de velocidad extrema.

Familias en pie de guerra

Desde la organización remarcaron que las víctimas y sus seres queridos “merecen un marco legal que esté a la altura del dolor que viven”. Ante la falta de acción en el Congreso, desde Familias del Dolor adelantaron que ya coordinan con agrupaciones de todo el país para viajar a Buenos Aires y presionar cara a cara a los legisladores nacionales en las próximas semanas.