Angaco: Fiscalía se encamina a rechazar el acuerdo del intendente Castro para evitar el juicio

El pedido presentado por el intendente de Angaco, José Castro, para evitar el juicio por presuntos delitos contra la administración pública podría ser rechazado por el Ministerio Público Fiscal. Fuentes calificadas indicaron que la respuesta oficial se conocerá a más tardar la próxima semana y que el dictamen se encamina a ser negativo.

El jefe comunal está imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, en una causa que se originó en 2019 tras una denuncia por el supuesto uso de maquinaria y personal municipal en trabajos realizados en un predio privado del departamento Chimbas.

Según trascendió, el principal cuestionamiento al planteo es que el acuerdo de reparación simbólica firmado con el Concejo Deliberante no sería válido, entre otros motivos, porque la actual composición del cuerpo legislativo no coincide con la que impulsó la denuncia original.

La definición quedó en manos de la fiscal de Cámara, que deberá emitir un dictamen que será elevado al tribunal de juicio. En caso de confirmarse el rechazo, los jueces deberán fijar una nueva fecha para el debate oral, en el que el intendente podría enfrentar penas de entre dos y seis años de prisión, además de una eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un planteo bajo análisis

Desde el Ministerio Público señalaron que existe urgencia en resolver la situación, ya que la causa lleva varios años de trámite y el juicio ya había sido programado para iniciar recientemente.

El tribunal encargado del proceso está integrado por los magistrados Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h), quienes deberán pronunciarse luego de conocer la postura fiscal.

Según las fuentes consultadas, dentro del organismo acusador consideran que el planteo presentado por la defensa no corresponde para este tipo de delitos y que existen antecedentes judiciales que limitan la posibilidad de aplicar acuerdos conciliatorios en casos que involucran a funcionarios públicos.

Reparación simbólica

El intendente propuso un acuerdo de reparación simbólica que incluye el pago de cinco millones de pesos como compensación por el presunto daño ocasionado.

La defensa sostiene que este tipo de soluciones alternativas es aplicable al caso y cita como antecedente la situación del expresidente Alberto Fernández, quien evitó un juicio tras un acuerdo económico en la causa conocida como la Quinta de Olivos.

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que la postura fiscal sería vinculante, por lo que si el dictamen resulta negativo el tribunal deberá avanzar con el proceso y fijar una nueva fecha de juicio.

De concretarse ese escenario, el intendente de Angaco deberá sentarse en el banquillo de los acusados en una causa que se tramita desde hace más de seis años.

Op: Juan Llarena