Aún no logran abrir un celular clave y Manuel Adorni pidió participar de la pericia

Se trata de un iPhone 15 provisto por el constructor. El teléfono será sometido a una nueva pericia técnica en una dependencia especializada.

El celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones millonarias en la casa que Manuel Adorni posee en el country Indio Cuá, todavía no pudo ser abierto por la Justicia y será sometido a una nueva pericia técnica en una dependencia especializada.

La medida forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que sigue acumulando informes relacionados con los gastos efectuados por el jefe de Gabinete.

Aún no se pudo peritar el iPhone 15 del empresario que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber efectuado obras y remodelaciones valuadas en alrededor de u$s245.000 en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz.

Según surge del expediente, el dispositivo fue entregado voluntariamente por el propio contratista luego de su testimonial en los tribunales de Comodoro Py.

Matías Tabar, contratista.

Matías Tabar, contratista.

Fuentes judiciales indicaron que un primer intento para acceder al contenido del teléfono no dio resultados y, por ese motivo, el aparato fue derivado al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, donde se intentará recuperar mensajes y archivos eliminados.

Del procedimiento participarán tanto un perito designado por la defensa de Adorni como otro representante de la fiscalía del cuerpo judicial del Ministerio Público Fiscal.

La intención de los investigadores está puesta en reconstruir conversaciones de WhatsApp que Tabar habría mantenido con Adorni antes de declarar como testigo.

Según relató el contratista bajo juramento de decir verdad, el funcionario se habría comunicado con él para ofrecerle asistencia y ponerlo en contacto con abogados de su entorno antes de su presentación judicial.

Durante su declaración, Tabar sostuvo que inicialmente evaluó aceptar ese acompañamiento, aunque luego desistió tras recibir asesoramiento, para evitar cualquier sospecha de coordinación previa de su testimonio.

Contenidos borrados

Además, exhibió ante el fiscal conversaciones configuradas con mensajes temporales, motivo por el cual la Justicia busca ahora determinar si es posible recuperar contenidos borrados.

La causa se centra en el patrimonio de los Adorni y en las reformas realizadas en la vivienda de Indio Cuá, adquirida por la familia en 2024.

El contratista afirmó que los trabajos comenzaron con un presupuesto cercano a los u$s94.000, aunque posteriormente el monto se habría elevado hasta alcanzar unos u$s245.000, incluyendo mobiliario y distintas remodelaciones.

También aseguró que los pagos fueron realizados en efectivo y sin emisión de facturas ni recibos.

El jefe de Gabinete, más complicado en la causa por enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete, más complicado en la causa por enriquecimiento ilícito.

Criptomonedas y los informes sobre movimientos de fines de 2024 y principios de de 2025

Otro de los ejes que comenzó a profundizar la fiscalía son los movimientos vinculados a criptomonedas. Según trascendió de fuentes judiciales, los investigadores detectaron operaciones realizadas a través de distintas plataformas de activos digitales luego del levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y las sociedades vinculadas a ambos.

En el expediente ya figuran reportes enviados por exchanges como Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, donde se habrían registrado movimientos de ingreso y egreso de fondos en monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum y USDT.

La Justicia intenta ahora determinar la trazabilidad de esas operaciones y establecer en qué período fueron realizadas y si guardan relación con los gastos investigados.

Las medidas fueron impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien además solicitó información detallada a billeteras virtuales, bancos digitales y plataformas de pago para reconstruir el circuito financiero del funcionario. Entre los datos requeridos figuran movimientos de cuentas, legajos e incluso direcciones IP asociadas a las transacciones.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que, según la información incorporada a la causa, en la última declaración jurada presentada por Adorni no aparecerían consignadas operaciones con criptomonedas correspondientes al período fiscal 2024, pese a que la normativa obliga a declarar este tipo de activos digitales.

Fuente: ÀMBITO

Por: G. Herrera

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