El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió este jueves que estudió la posibilidad de aprobar un decreto para ordenar una intervención militar en 2022, pero alegó que la medida no se puso en práctica y que estaría amparada en la Constitución. Bolsonaro, quien es acusado por la policía de planificar un golpe de Estado, defendió la legalidad de las medidas que se estudiaron aplicar tras las elecciones que ganó el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista al portal UOL. Además no descartó refugiarse en una embajada si se ordena su detención al final del proceso penal. Por su parte Lula aseguró que el intento de golpe fue verdadero y «nadie puede desmentirlo».

«Restaurar el orden constitucional»

En la entrevista Bolsonaro declaró: «El ‘borrador del golpe’ se basa en la Constitución. ¿Discutir uno de los artículos de la Constitución es un crimen? ¿Se llevó adelante alguna de esas posibles propuestas?». El líder de ultraderecha detalló que, entre otras opciones, se discutió la posibilidad de instaurar el estado de sitio y ordenar un despliegue militar, al amparo de la Carta Magna.

De ponerse en práctica el borrador de decreto, encontrado por la policía en la residencia de un exministro de Bolsonaro, se habría dado pie a un despliegue militar para «restaurar el orden constitucional». El documento justificaba la intervención militar alegando que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral tomaron decisiones inconstitucionales que afectaron a los comicios que ganó Lula.

Sin embargo Bolsonaro rechazó tajantemente haber tramado un golpe de Estado y negó conocer los planes supuestamente llevados a cabo por militares para asesinar a Lula y al juez del Supremo Alexandre de Moraes, quien está a cargo de varias causas contra Bolsonaro. «Hasta donde yo sé, Alexandre no sale de casa con menos de seis agentes a su lado. Eso es incluso bravuconería. Es la comidilla de alguien que tiene un gusano en la cabeza. Secuestrar, envenenar, matar. ¿Matar a Alckmin (el entonces vicepresidente electo)? No da. ¿Para qué?», declaró Bolsonaro al portal UOL.

El posible asilo en el exterior

El exmandatario brasileño aseguró que no está en deuda con la justicia por sus actos, pero no descartó que la Corte Suprema ordene su detención cometiendo una «arbitrariedad» en su contra. «Corro riesgo (de detención), sin deber nada, corro riesgo», dijo Bolsonaro, quien también respondió con ambigüedades sobre la posibilidad de pedir asilo político en una embajada extranjera.

«Una embajada, por lo que veo en la historia del mundo, cualquiera que se sienta perseguido puede ir allí», expresó Bolsonaro, quien se defendió alegando que si hubiera tenido algo que esconder, no habría vuelto de Estados Unidos en 2023, después de viajar hasta allí para pasar la Navidad en vísperas de la toma de posesión de Lula.

«Ahora no puedo ir a dormir sin preocuparme porque la policía va a entrar en mi casa pronto por la mañana. Estoy corriendo riesgos sin deber nada», protestó Bolsonaro, quien aseguró que mantiene sus intenciones de ser candidato en las elecciones de 2026, a pesar de que el año pasado fue inhabilitado políticamente por deslegitimar las instituciones democráticas y sembrar sospechas infundadas sobre el proceso electoral.

«Lo voy a ser, soy un ciudadano. Soy un reo sin crimen. He sido condenado sin haber cometido ningún crimen», sostuvo el líder de ultraderecha. Además de Bolsonaro, la policía presentó cargos contra otras 36 personas, entre ellas varios militares de alto rango y antiguos ministros de su gobierno, por cargos como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita.

Durante el anuncio de un programa federal destinado a la urbanización de las favelas en Brasilia, Lula declaró: «Ellos intentaron dar un golpe para no dejarnos asumir la presidencia de la República». El presidente defendió la democracia, un sistema que requiere «paciencia y debate», y resaltó que es necesario construir «una sociedad civilizada donde todos tengamos derechos pero todos respeten los derechos de los demás».

De lanzagranadas a agentes químicos

La trama golpista destapada por la policía brasileña mostró en detalle un macabro plan para asesinar a Lula, que incluía militares de élite, armamento de guerra y hasta el uso de agentes químicos, según un informe oficial desclasificado este martes. El magnicidio, que también pretendía acabar con el entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, se discutió entre noviembre y diciembre de 2022, poco después de la victoria electoral de Lula.

Los sospechosos utilizaron, como en la exitosa serie «La Casa de Papel», nombres de países (Japón, Alemania, Austria, Argentina, Brasil y Ghana) para conservar su anonimato y pusieron apodos a sus objetivos. A Lula lo llamaron «Jeca» y a Alckmin, «Joca». La acción fallida se tejió en los despachos y en las calles de Brasilia, con la idea de ejecutarlo el 15 de diciembre de 2022, dos semanas antes de la investidura de Lula, y mantener así en el poder a Bolsonaro.

El plan con un guion propio de una película de ficción fue bautizado como «Puñal Verde Amarillo», en alusión a los colores de la bandera brasileña. Las autoridades sitúan al general de la reserva Mario Fernandes, que entonces ejercía como secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia, como el cerebro del plan. El brazo ejecutor sería un grupo de «kids pretos» (chicos negros), una fuerza de élite del Ejército, cuyos integrantes reciben esa denominación porque utilizan pasamontañas negros.

La lista con los equipamientos necesarios para llevar a cabo el plan se encontró en el pendrive de uno de los implicados. En su interior había una planilla titulada «Desenho Op Luneta.xlsx». En su interior hay varios apartados con todas las demandas a ser cubiertas. Ahí se detalla, por ejemplo, un programa de monitoreo para el juez Alexandre de Moraes, que incluye los desplazamientos y los horarios del entonces jefe del Tribunal Superior Electoral.

En otro punto se aporta una lista de materiales, entre los cuales se encuentran «seis teléfonos celulares con chips de la operadora TIM», chalecos antibalas y un auténtico arsenal de guerra. Pero lo que más llamó la atención a los investigadores fue que tenían previsto usar «una ametralladora ligera M249», «un lanzagranadas 40 mm» y hasta «un lanzacohetes AT4», utilizado para combatir vehículos blindados y estructuras fortificadas.

Los documentos encontrados también describen la posibilidad de asesinar a Lula y Alckmin con «el objetivo de extinguir la fórmula que venció el pleito de 2022». Para la ejecución de «Jeca» (Lula), los investigados citan «la posibilidad de envenenamiento o el uso de agentes químicos para provocar un colapso orgánico, teniendo en cuenta su vulnerable estado de salud y sus frecuentes visitas al hospital».

También hablan de eliminar a «Joca» (Alckmin) y a un tal «Juca». La policía no consiguió identificar quién era ese tercer objetivo, pero su «neutralización desarticularía los planes de la izquierda más radical», según los golpistas. El fiscal general, Paulo Gonet, debe decidir ahora si imputa al expresidente y los demás sospechosos por los presuntos delitos imputados por la policía.