Bono salarial: crispa al sindicalismo la demora mientras se devalúa el número

Pablo Moyano, con “bronca” por la falta de definición en esa medida y con el alivio en Ganancias y asignaciones familiares. El bono será solo para los salarios más bajos.

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La demora del Gobierno nacional en anunciar la implementación de un bono salarial de fin de año para trabajadores del sector privado volvió a tensar la relación con los gremios más alineados con Cristina de Kirchner al tiempo que el valor posible para el beneficio cayó hasta ubicarse en un tope de 30 mil pesos, según el Gabinete económico. La falta de definiciones exasperó ayer a Pablo Moyano, cotitular de la CGT y líder del Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona) que admitió seguir con “un poco de bronca” el análisis de la medida, que según dijo llevan “seis meses estudiando”, en tanto que insistió otra vez en reclamar una suma fija integrada en los sueldos como propuso Cristina de Kirchner.

El anuncio, que en el Ministerio de Trabajo dan por sentado pero en Economía prefieren no confirmar de momento, contemplaba hasta anoche el pago por única vez de un monto que oscila entre 20 y 30 mil pesos a cargo de las empresas con un tope salarial estimativo de 180 mil pesos. En rigor el número final del bono y el límite eventual todavía se encuentran en estudio pero en medio de las conversaciones llegó a tener un valor más cercano a los 50 mil pesos. La reducción en la expectativa está en línea con las pocas señales desde el equipo de Sergio Massa de que habrá una política expansiva de ingresos en las últimas semanas del año que incluiría, según reclaman varios sectores sindicales, una exención en el pago del Impuesto a las Ganancias para el aguinaldo.

Hasta ayer Massa jugaba al misterio cuando los gremialistas le consultaban sobre la medida. En ese sector los mayores promotores son Moyano y el Fresimona, los dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que encabeza el bancario Sergio Palazzo, y la CTA de los Trabajadores, que preside Hugo Yasky. La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, en cambio, admite en reserva que la medida está pronta a anunciarse y en los cinco borradores que le envió a su par de Economía contempló topes salariales distintos y un número final no mayor a 30 mil pesos. Ayer mismo en esa cartera circuló la versión de que el beneficio estaba calculado con un tope de 20 mil pesos.

“Es el momento de que haya una suma fija de forma urgente para aquellas organizaciones donde los trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica y están por debajo de la inflación”, declaró ayer Pablo Moyano en El Destape. El dirigente advirtió que “está un poco demorado el Gobierno para anunciarlo”. Y añadió: “Te da un poco de bronca. El campo dice ‘no voy a exportar los granos’, salen corriendo y se le da un dólar soja. Los trabajadores informales han tenido un beneficio importante, que es lógico; y para los laburantes, que con nuestros impuestos posibilitamos que el Gobierno funcione, venimos esperando desde hace meses…”.

Exentos

El número dos de Camioneros ligó esa frustración a la ausencia de otras dos medidas reclamadas por su sector como la exención del aguinaldo para el pago de Ganancias y la universalización de las Asignaciones Familiares. Este último beneficio lo percibe poco más de 1,5 millón de trabajadores sobre un universo total de 6 millones de asalariados en el sector formal de la actividad privada. Es que los topes de la prestación no se actualizan junto con la inflación y marginan al grueso de trabajadores de su percepción. En estos puntos Moyano se diferencia de los sectores más tradicionales de la CGT, tanto los “gordos” de los grandes gremios de servicios como los “independientes” de permanente relación óptima con todos los gobiernos. Esos espacios optaron por gestionar una cobertura financiera multimillonaria para las obras sociales sindicales frente al crecimiento exponencial que, denuncian, tuvo el valor de las prestaciones para afiliados discapacitados.

FUENTE: AMBITO

OPERADOR: ANA PAULA CARRASCO

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