Branka Motors: comenzó el juicio abreviado y los acusados aceptan 5 años de prisión, pero sin devolver los $524 millones

Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Suvire acordaron con Fiscalía una pena de cinco años de prisión efectiva. Los querellantes pueden oponerse al acuerdo, que deberá ser homologado por la jueza Ana Parra. Si avanza, el reclamo por la devolución del dinero quedará para la vía civil.

El caso Branka Motors atraviesa este miércoles una jornada decisiva. En Tribunales comenzó la audiencia en la que se analiza un acuerdo de juicio abreviado para los tres imputados por la millonaria estafa: Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Suvire.

El acuerdo alcanzado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal contempla una pena de cinco años de prisión efectiva para los acusados. Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los damnificados es que el convenio no incluye la devolución de los aproximadamente $524 millones reclamados por quienes entregaron dinero para la compra de motos.

La decisión final estará en manos de la jueza de Garantías Ana Parra, quien deberá determinar si homologa o rechaza el acuerdo. Debido a la extensión prevista para la audiencia, se espera que la resolución se conozca recién este jueves.

El abogado defensor José Daniel Tejada confirmó que sus representados aceptaron avanzar con el juicio abreviado. Según explicó, con la eventual homologación del acuerdo se cerraría la instancia penal de la causa y el reclamo económico de los damnificados debería continuar por la vía civil.

Los particulares damnificados que se constituyeron como querellantes tienen la posibilidad de manifestar su oposición. No obstante, esa postura no resulta vinculante para la jueza, quien deberá evaluar si corresponde homologar el convenio celebrado entre la defensa y Fiscalía.

El antecedente que cambió el rumbo de la causa

La situación actual tiene como antecedente un acuerdo de reparación integral del daño que había sido homologado en abril. En aquella oportunidad, los imputados se habían comprometido a devolver los $524 millones a los damnificados mediante cinco cuotas, con un plazo de 120 días y un primer pago previsto a partir del 13 de abril.

Sin embargo, el primer desembolso nunca se concretó. La falta de pago provocó que el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, solicitara dejar sin efecto el acuerdo de reparación.

La situación derivó en una nueva audiencia el 8 de mayo. Durante ese encuentro, uno de los imputados sostuvo que parte del dinero había sido transferido ese mismo día, pero la Oficina de Medidas Alternativas descartó que el pago se hubiera concretado.

Ante ese escenario, la jueza Parra dispuso la prisión preventiva de los tres imputados por cinco meses y ordenó la continuidad de la Investigación Penal Preparatoria.

Ahora, meses después, la causa vuelve a estar en el centro de la escena con la posibilidad de cerrar el proceso penal mediante un juicio abreviado. El punto que concentra la atención de los damnificados es que, a diferencia del acuerdo anterior, esta vez no existe un compromiso de reparación económica dentro del proceso penal.

Una causa que involucró a cientos de damnificados

El expediente de Branka Motors se convirtió en uno de los casos más resonantes desde la implementación del sistema acusatorio en San Juan, tanto por la cantidad de personas afectadas como por el monto involucrado.

De acuerdo con la acusación fiscal, cientos de personas fueron perjudicadas mediante un mecanismo que consistía en ofrecer motos a precios considerablemente inferiores a los valores de mercado. La propuesta generó rápidamente una fuerte demanda y atrajo a numerosos compradores.

Según la investigación, el esquema comenzó a presentar incumplimientos cuando los responsables dejaron de poder sostener el circuito comercial, debido a que vendían los rodados por debajo del precio al que los adquirían.

Con la audiencia de este miércoles, la causa ingresa así en una instancia decisiva: los imputados aceptan una condena de cinco años de prisión, mientras que la discusión sobre la recuperación del dinero de los damnificados quedaría fuera del proceso penal y deberá resolverse, eventualmente, en los tribunales civiles.

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