La policía brasileña presentó cargos este martes contra el expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto fraude en el certificado de vacunación contra la covid-19, mientras ultima la investigación que lo señala por intentar un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. La Policía Federal acusa al líder ultraderechista de «asociación criminal» y «uso de datos falsos en registros oficiales», según confirmaron fuentes de la institución. La Fiscalía se encargará ahora de analizar las conclusiones de la policía y decidirá si presenta una denuncia formal ante la justicia o archiva el caso.

Según la investigación, en los dos últimos años del mandato de Bolsonaro operó una red ilícita en la que supuestamente participaron militares, asesores, políticos y médicos, y de la que se benefició directamente el exjefe de Estado y su entorno más cercano. El objetivo era falsificar las cartillas de vacunación anticovid para que los beneficiarios pudieran saltear las restricciones sanitarias en Brasil y en terceros países durante la pandemia.

«Bolsonaro dio la orden»

Además de apuntar a Bolsonaro, la Policía Federal constató indicios de delito contra otras 16 personas, entre ellos el antiguo edecán del exgobernante, el teniente coronel Mauro Cid, pieza clave en la causa. Cid fue detenido en mayo de 2023 en el marco de este proceso y hoy está en libertad provisional después de firmar un acuerdo con las autoridades en el que confesó y aportó pruebas sobre lo ocurrido.

Según su testimonio, Bolsonaro, un negacionista en relación a la pandemia del coronavirus que mató a más de 710 mil brasileños desde 2020, le «dio la orden» para que hiciera un certificado de vacunación para él y otro para su hija Laura, hoy con 13 años. La policía sospecha que la trama empezó con el propio Cid, cuando maniobró para obtener una cartilla con el inmunizante para su esposa con la ayuda de autoridades locales del estado de Río de Janeiro.

A partir de ahí se emitieron de forma fraudulenta otros certificados para personas del círculo de confianza de Bolsonaro, al que ya le registraron su casa por este caso en mayo de 2023 en busca de pruebas. Cid reveló en la comisaría que entregó «personalmente» los certificados irregulares al entonces presidente Bolsonaro, que siempre desconoció los hechos y quien públicamente sembraba sospechas infundadas sobre la eficacia de las vacunas. El ultraderechista llegó a bromear que quienes se inmunizaran podían «convertirse en un cocodrilo».

El viaje a Estados Unidos

La policía brasileña descubrió que se emitieron documentos de inmunización referidos a Bolsonaro a finales de diciembre de 2022, días antes de que viajara a Estados Unidos, donde permaneció tres meses, en vísperas de la investidura de Lula. Por entonces era obligatorio presentar dicho certificado para entrar en EE.UU., si bien la defensa de Bolsonaro alega que ingresó con un pasaporte diplomático, lo que lo eximía de ese requisito, y un test negativo.

El delegado de la Policía Federal, Fábio Alvarez Shor, indicó que está a la espera de información del Departamento de Justicia estadounidense para identificar si el grupo utilizó certificados de vacunación falsos para ingresar a ese país. El envío de información por parte de EE.UU. es un paso pendiente de la llamada «Operación Venire».

Fabio Wajngarten, abogado de Bolsonaro, calificó de «absurdos» los señalamientos. «Mientras ejercía como presidente, estaba completamente exento de presentar cualquier tipo de certificado en sus viajes. Esto es una persecución política y un intento de lastrar el enorme capital político«, escribió el letrado en la red social X.

«Las filtraciones continúan a raudales, o mejor dicho, por litros. Es lamentable cuando la autoridad utiliza la prensa para comunicar un acto formal que lógicamente debería tener un revestimiento técnico y procesal en lugar de mediático y sesgado», se defendió Wajngarten.

Bolsonaro había declarado ante la Policía Federal en Brasilia en mayo pasado por este caso. En esa comparecencia negó los señalamientos y acusó a las autoridades de intentar «fabricar un caso» en su contra. «No hay adulteración de mi parte, no la hay. No me puse la vacuna, punto», dijo Bolsonaro a los periodistas en mayo de 2023, al comentar las investigaciones.

En un comunicado la defensa de Camila Alves Soares, enfermera acusada de introducir información falsa en el sistema de salud, dijo que ella colaboró ​​con la investigación y «está a la espera de una posible nueva declaración para demostrar su inocencia». El abogado Jairo Magalhães agregó que su clienta «confía en la justicia y en su inocencia y afirma que ella no fue quien ingresó los datos al sistema. Si Camila es denunciada, demostraremos su inocencia en la acción penal, con prueba documental y testimonial».

La confidencialidad del informe de la Policía Federal fue eliminada este martes por el presidente de la Corte Suprema de Brasil, el juez Alexandre de Moraes, después de que partes del documento fueran publicadas en el mismo día por el portal G1. De Moraes sostuvo que, con la conclusión de las investigaciones, «ya no hay necesidad» de mantener el secreto. La investigación se originó a partir de una solicitud a la ley de acceso a la información realizada a finales de 2022.

Lo que viene: las joyas y el intento de golpe

Esta es una de las tres investigaciones contra Bolsonaro que la policía pretende finalizar en los próximos meses. En otra es sospechoso de haberse apropiado ilegalmente durante su mandato de regalos de alto valor que recibió en distintos viajes al exterior y que deberían formar parte del acervo del Estado, entre ellos un conjunto de joyas obsequiado por Arabia Saudita.

Pero la más grave es la que lo pone en el centro de la trama golpista que buscó anular la victoria electoral de Lula, en octubre de 2022, y mantener en el poder a Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y un nostálgico de las dictaduras militares. En ese proceso las sospechas contra el expresidente aumentaron tras los reveladores testimonios de Marco Antonio Freire Gomes y Carlos Baptista Júnior, excomandantes del Ejército y la Aeronáutica. Ambos declararon que se reunieron varias veces con Bolsonaro y sus asesores más próximos, y que estos los invitaron a apoyar su plan para dar un golpe.

El juez de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, dijo que los elementos recabados por la Policía Federal en esa investigación son «muy concluyentes». «Como observador de la escena desde hace mucho tiempo, rara vez hemos tenido avances tan significativos. Pasamos de la especulación a la prueba. Me quedo asombrado por los datos que la Policía Federal pudo obtener. De hecho son muy concluyentes de que algo muy malo estaba pasando», afirmó Mendes durante su participación en un evento en Brasilia este martes.

La policía no descarta que la emisión de certificados falsos de covid sirviera para dar una salida exprés a los investigados en caso de que el golpe se materializara. La asonada golpista tuvo un último capítulo el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del líder de ultraderecha invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema con la idea de forzar una intervención militar para derrocar el gobierno de Lula.

De ser procesado y condenado por los delitos de intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho y asociación para delinquir, el expresidente podría enfrentarse a una pena de hasta 23 años de prisión. Además podría ser inhabilitado por más de 30 años, según Folha.

El Tribunal Supremo Electoral ya falló en contra de Bolsonaro al inhabilitarlo para postularse a cargos de elección durante ocho años por desinformar sobre el sistema de votación electrónico. El dictamen terminó con las intenciones del exmandatario de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, aunque podrá apelar el fallo ante la Corte Suprema.