La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles, durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo, montos que deberán ser pagados por las organizaciones sociales, según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Por medio de la resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a «determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales» llevados a cabo en el marco de la implementación del protocolo de orden público.

«Se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas»Manuel Adorni, vocero presidencial

Adorni había informado en rueda de prensa que las organizaciones sociales deberán pagar los costos del mencionado operativo.

«El operativo tuvo un costo importante y cuando se termine de cuantificar se le pasará la factura a las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas», advirtió el funcionario.

Calculo de costos

La resolución precisa que en la evaluación de los costos se deberá tener en cuenta «las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo».

En los considerandos, la resolución recuerda que el protocolo «tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

El protocolo establece que se puede recurrir a la Justicia para demandas a las organizaciones sociales como a personas en su caracter individual

El protocolo prevé que se «podrá demandar judicialmente a las organizaciones» así como a «las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».

«Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables», dice la resolución.