Calingasta: madre e hija deberán pagar una reparación económica por una violenta agresión
Yuliana Cortez, de 23 años, y Paola Díaz, de 47, acordaron una suspensión del proceso por un año. Como parte de las condiciones, deberán realizar tareas comunitarias, mantener distancia de las víctimas y abonar una compensación económica en cuotas.
Una causa por lesiones tras una violenta agresión ocurrida en Calingasta tuvo un avance judicial este viernes, cuando Yuliana Cortez y su madre, Paola Díaz, acordaron una suspensión del proceso por el plazo de un año. Ambas fueron señaladas por las lesiones sufridas por Ramona del Valle Anes González y Mila Yael Valdivia Anes.
El acuerdo establece una serie de obligaciones que las dos mujeres deberán cumplir durante ese período. Entre ellas, se fijó una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de las víctimas, la realización de tareas comunitarias y el pago de una reparación económica.
La compensación fue acordada en tres cuotas de $80.000. Sin embargo, las obligaciones económicas se distribuirán de acuerdo con la participación atribuida a cada una en el episodio. Cortez deberá indemnizar a Ramona y a Mila, mientras que Díaz deberá efectuar el pago correspondiente a Ramona, quien habría sido agredida por ambas.
En la investigación intervino la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Genéricos, a cargo de la fiscal Daniela Pringles, junto con el ayudante fiscal Rodrigo Herrera. La audiencia se desarrolló a aproximadamente diez días de la agresión denunciada.
Cómo comenzó el conflicto
De acuerdo con los datos incorporados a la causa, el episodio habría tenido su origen en una discusión ocurrida alrededor de las 21 durante una fiesta de doma en la localidad de Las Islas, en Calingasta.
En ese encuentro se habría producido un enfrentamiento entre las hijas de las familias involucradas. La disputa continuó posteriormente y terminó en una agresión contra Ramona, en la que habrían participado Cortez y Díaz. Además, a Cortez se le atribuye una agresión contra Mila.
La investigación apunta a que existían conflictos previos entre las personas involucradas, que habrían escalado hasta desembocar en el hecho denunciado.
Con la suspensión del proceso, ambas mujeres deberán respetar las restricciones y cumplir con las tareas comunitarias y los pagos establecidos durante el plazo de un año.
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