Cambios en Fiscalías: Baigorrí dispuso traslados y ajustes en unidades estratégicas

Desde este lunes comenzaron a regir modificaciones relevantes dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF), a partir de una serie de designaciones y traslados impulsados por el fiscal general Guillermo Baigorrí, que incluyeron cambios en unidades estratégicas del organismo.

Uno de los movimientos más significativos fue el regreso del fiscal Francisco Pizarro a la UFI Delitos Especiales, dependencia donde inició su carrera como fiscal ayudante y en la que posteriormente fue designado fiscal titular por la Cámara de Diputados. Pizarro se desempeñaba hasta ahora en la UFI Genérica y, con esta decisión, volvió a trabajar bajo la coordinación de los fiscales Iván Grassi y Francisco Micheltorena.

En paralelo, el fiscal Adrián Riveros fue reubicado en la UFI Genérica, ocupando el lugar dejado por Pizarro. De esta manera, pasó a integrar el equipo conducido por los fiscales coordinadores Ignacio Achem y Daniela Pringles.

La UFI Delitos Especiales tiene a su cargo la investigación de los hechos de mayor gravedad, como homicidios y causas de alto impacto institucional, especialmente aquellas que involucran a funcionarios públicos. Por su parte, la UFI Genérica aborda delitos de menor complejidad, como grescas, lesiones leves, amenazas o extorsiones.

El traslado de Riveros se produce tras la reciente disolución de la Unidad de Soluciones Alternativas (USA), una estructura creada durante la gestión del exfiscal general Eduardo Quattropani y eliminada por Baigorrí a poco más de un mes de asumir el cargo.

Riveros fue uno de los primeros fiscales en el sistema de Flagrancia, antecedente directo del actual Sistema Acusatorio, que posiciona a los fiscales como responsables centrales de la investigación penal y de la acusación. Posteriormente, se desempeñó como coordinador de la UFI Delitos Especiales, hasta su paso por la USA.

Según se detalla en la resolución N° 5442, la decisión de disolver la Unidad de Soluciones Alternativas respondió a un análisis del funcionamiento del área, que concluyó que no logró cumplir de manera eficaz con los objetivos para los cuales había sido creada. Entre los fundamentos se mencionaron el desgaste procesal, la dispersión de esfuerzos y la pérdida de eficiencia al tramitar legajos fuera de las UFIs de origen.

A partir de febrero de 2026, las soluciones alternativas volverán a ser gestionadas directamente por las unidades fiscales, con el objetivo de optimizar recursos y agilizar los procesos judiciales.

En ese marco, el personal de la USA fue redistribuido en áreas consideradas prioritarias. Las fiscales ayudantes Silvia Martín y Verónica Mattar fueron asignadas a CAVIG y a Delitos Informáticos y Estafas, unidades abocadas a la investigación de violencia intrafamiliar y de género, y de fraudes y estafas digitales, respectivamente. El resto del personal administrativo será reubicado en otras UFIs a partir de febrero de 2026.

Estos cambios forman parte de una revisión más amplia del esquema organizativo heredado por la actual conducción del MPF. En ese proceso, Baigorrí también dejó sin efecto directrices de la gestión anterior que habían generado tensiones con la Corte de Justicia, particularmente en relación con el manejo de pruebas periciales y la intervención del Complejo Científico Forense.

Los recientes movimientos marcan el inicio de una nueva etapa en el Ministerio Público Fiscal, con una estructura más enfocada en las unidades operativas y una mayor articulación con el resto del Poder Judicial.