Camino incierto para el Régimen Penal Juvenil del Gobierno: dudas de los aliados y presión por los fondos

El oficialismo buscó un golpe de efecto al introducir la baja de punibilidad al temario de sesiones extraordinarias, pero bloques cercanos pide no establecerla en 13 años.

por Lola Vargas Publicada el viernes 30 de enero de 2026

Diez días después de anunciar la postergación de su propuesta de modificación del Código Penal para concentrarse en la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno abrió un nuevo frente al decretar que su proyecto de Régimen Penal Juvenil se debatiría en las sesiones extraordinarias de febrero. Este viernes incluso redoblaron la apuesta y convocaron a los familiares de Jeremías Monzón para una reunión con Patricia Bullrich, que insistió: “Va a ser ley”. Sin embargo, las dudas iniciales de los bloques aliados ponen un signo de interrogación a la afirmación.

“Nuestra postura es concreta: la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años”, señalaron desde la conducción del PRO a este medio. “Insistir con los 13 años tiene el riesgo de que no se vuelvan a tener los consensos que tuvimos y significa volver a abrir la caja de pandora”, analizan desde la UCR, en donde entienden que “respetar el año de trabajo es defender el dictamen que firmamos muchos bloques“. La posición de espacios cercanos a La Libertad Avanza vuelve a poner al oficialismo en la misma disyuntiva cada vez que pidió por el Régimen Penal Juvenil.

Tras el crimen de Bruno Bussanich en Rosario, en marzo del 2024, la bancada violeta avanzó con propuestas que bajaban la punibilidad de los 16 años actuales a los 13. El año se consumió en el debate de comisiones. El asesinato de Kim Gómez en La Plata, en febrero del 2025, empujó a que Javier Milei pidiera en su discurso de apertura de sesiones por la aprobación del proyecto, así que el oficialismo cedió para obtener dictamen en mayo fijando la punibilidad en 14 años. Después de eso no volvió a avanzar hasta la conmoción por la muerte de Jeremías Gómez en Santa Fe.

La estrategia del oficialismo legislativo apunta a presentar un nuevo proyecto respaldado en la redacción del texto que alcanzó dictamen el año pasado, pero modificando la baja la edad punible de 14 a 13 años. El inicio de debate está previsto recién para la segunda semana de febrero en Diputados, en simultáneo al comienzo de la discusión por reforma laboral en el Senado. El tratamiento incluye un plenario con dos comisiones ya constituidas (Legislación Penal y Presupuesto) y otras dos por conformar (Familias y Justicia). La intención libertaria es conseguir una rápida sanción y argumentan que se agotaron las instancias para las rondas de especialistas en los años previos. “Es cierto que fueron abogados, organismos de derechos humanos y neurocientíficos, pero todos estuvieron en contra del proyecto y ellos lo sostuvieron igual”, responden desde Unión por la Patria.

Patricia Bullrich se reunió con familiares de Jeremías Monzón.

El principal bloque opositor podría reiterar su posición del 2025 y presentar un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que mantenga la edad de punibilidad pero que refuerce los mecanismos socioeducativos. Eso no pasaría sin discusiones internas: la baja de la punibilidad es una propuesta identitaria del Frente Renovador. A pesar de eso, lo que realmente preocupa al oficialismo son los potenciales desplantes de sus aliados. “Hay diputados nuevos y va a haber una discusión al respecto”, dicen para Ámbito los provincialistas de Innovación Federal, que se suma al pelotón de dudosos.

Otros de los argumentos que confronta con el Régimen Penal Juvenil es el presupuesto. “Bajar la edad sin invertir en infraestructura es populismo penal”, calificaron desde el PRO, subrayando una necesidad que en algunas provincias se recrudece: 13 distritos tienen tres unidades especializadas para adolescentes en conflicto con la ley o menos, según la SENAF 2023. “Si las provincias no tienen recursos, difícilmente puedan aplicar este proyecto en el mediano plazo”, piensan desde el radicalismo.

Desde la Coalición Cívica solicitaron que se eleve un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso que indique cuál sería el costo fiscal de la aprobación, amparándose en un principio que La Libertad Avanza incluso propuso como motivo de delito penal –aunque no logró consenso-: no se puede sancionar una ley que no indique el origen de los fondos y la reasignación de las partidas.

El oficialismo intentará evitar este requerimiento, pero el estudio presentado por José Luis Espert –cuando presidía la comisión presupuestaria- en el 2024 da algunas pistas. Allí indicó que alcanzaría un 0,34% del Presupuesto proyectado para el 2025, que luego no se sancionó. Eso implica un costo fiscal superior a las tres iniciativas vetadas por ese motivo por el Presidente de la Nación: jubilaciones (0,2%), emergencia en discapacidad (0,25%) y financiamiento universitario (0,23%). Aunque con distintas características, el Gobierno deberá replantearse el bastión fiscal para argumentar esta sanción. Además, Espert mencionó quiénes serán los responsables de acompañar en sus penas a los menores -sin escolaridad finalizada y muchos de ellos con problemáticas de violencia y consumos-. “Los supervisores se tomarán de la planta de empleados públicos”, planteó.

“Estamos bien para la aprobación”, repitieron desde el oficialismo y sacuden a la oposición: “Están en contra pero no proponen una alternativa”. Como prueba de los respaldos, apuntaron a declaraciones de los ministros de Seguridad de Mendoza, Santa Fe y Córdoba avalando la baja de punibilidad como herramienta securitaria. En contraposición, su par bonaerense la rechazó, pero la votación parece estar sujetada menos a declaraciones o experiencia global que a las negociaciones por los fondos para viabilizar una ampliación del sistema penal. ¿Tendrá algo para seguir ofreciendo el Gobierno, mientras prioriza la reforma laboral? La respuesta a esa pregunta y el despliegue de sensibilización comunitaria por el crimen de Jeremías Monzón podrían determinar el final de este debate.