Casación ratificó duras condenas por trata en San Juan: explotación laboral y abuso sexual
El tribunal confirmó penas de hasta 9 años de prisión en dos casos: uno por someter a trabajadores en condiciones infrahumanas y otro por obligar a una joven a un matrimonio forzado con abusos.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó dos condenas por trata de personas dictadas en San Juan, en causas que revelan graves situaciones de explotación laboral y abuso sexual. Los fallos habían sido emitidos por el juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal local.
En el primero de los casos, los hermanos Roberto y Domingo Rodríguez recibieron penas de 8 años de prisión como coautores del delito de trata con fines de explotación laboral. Según se probó en el juicio, reclutaban trabajadores golondrina en el norte del país mediante promesas engañosas de empleo, traslado y alojamiento, para luego someterlos a condiciones indignas durante la cosecha de aceitunas en el departamento Sarmiento.
Las víctimas eran alojadas en galpones y colectivos en desuso, sin acceso a agua potable y en condiciones de hacinamiento. Además, debían utilizar letrinas precarias en entornos insalubres y sufrían descuentos en sus salarios por gastos básicos como comida y transporte. De acuerdo a los organismos que intervinieron, entre 120 y 177 personas atravesaron estas situaciones en las campañas de 2020 y 2021.
El fallo fue confirmado por mayoría en la Sala III, con votos de los jueces Diego Barroetaveña y Juan Carlos Gemignani, quienes rechazaron los planteos de la defensa. En disidencia, Carlos Mahiques consideró que no se configuraban todos los elementos del delito de trata, sino un caso de precarización laboral.
El segundo expediente, confirmado por unanimidad por la Sala I, ratificó la condena a 9 años de prisión contra Roberto Mitar por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. La víctima, una joven con discapacidad, fue obligada a contraer matrimonio en el marco de una práctica cultural y luego sometida a múltiples abusos.
De acuerdo a la investigación, la joven fue captada en San Luis y trasladada a San Juan, donde fue forzada a convivir con el acusado. Durante ese período, sufrió violencia física, abuso sexual y fue reducida a servidumbre doméstica. Además, le retuvieron su documento de identidad y la obligaron a colocarse un implante anticonceptivo, vulnerando su autonomía y derechos fundamentales.
Ambas resoluciones del máximo tribunal penal federal dejaron firmes las condenas y pusieron de relieve la gravedad de estos delitos, así como la necesidad de continuar reforzando los mecanismos de detección y sanción de la trata de personas en todas sus formas.
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