Caso Tapia: tras el archivo en sede penal, la familia demandará al Estado por vía civil

La investigación judicial por la trágica muerte de la bebé de Guadalupe Tapia dará un giro decisivo de fuero. Luego de que la UFI Delitos Especiales archivara la causa en la Justicia Penal por “atipicidad”, la abogada querellante, María De los Ángeles Olivera, confirmó que la familia iniciará una demanda en el ámbito Civil y Comercial por daños y perjuicios contra los profesionales intervinientes y el nosocomio.

El caso en la sede penal investigaba un presunto delito de homicidio culposo. Sin embargo, dado que los estudios forenses constataron que la pequeña no llegó a nacer con vida, la causa carece de encuadre legal en el código sustantivo penal, lo que motivó el cierre de las actuaciones en esa instancia.

Las denuncias de la madre y las sospechas en el Rawson
El hecho comenzó a investigarse a partir de la denuncia de Guadalupe Tapia por la atención médica recibida en el Hospital Guillermo Rawson. Según expuso la mujer, asistió al centro de salud presentando sangrado y fuertes contracciones, y advirtió en reiteradas ocasiones a los médicos que la bebé había dejado de moverse. A pesar de insistir para que le realizaran una cesárea de urgencia, una ecografía posterior terminó por confirmar la ausencia de signos vitales.

La causa sumó un momento de máxima tensión cuando la familia sospechó de un potencial intercambio de bebés, dado que en el mismo establecimiento y día había dado a luz otra paciente de apellido Tapia. Esto motivó la exhumación del cuerpo del neonato y la realización de pericias genéticas.

ADN y autopsia: las claves del dictamen
A lo largo de la investigación, dos estudios fueron determinantes para cerrar la vía penal:

Cotejo de ADN: En septiembre, los análisis genéticos confirmaron la compatibilidad de los restos con Guadalupe Tapia, descartando de manera categórica cualquier confusión o intercambio de recién nacidos.

Autopsia: El examen forense arrojó que la causa del deceso fue una “asfixia intraútero” ocurrida entre 12 y 24 horas antes de concretarse la intervención quirúrgica.

Con el frente penal agotado, la defensa de la familia enfocará su reclamo en la responsabilidad civil y médica, buscando determinar si existió negligencia u omisión de cuidados durante la internación y el seguimiento del trabajo de parto.