Castro contraatacó a Risueño, lo denunció por injurias y calumnias

La disputa judicial entre el intendente de Angaco, José Castro, y el exconcejal José Risueño sumó este miércoles un nuevo capítulo. Durante una audiencia realizada ante el juez de Garantías Roberto Montilla, el jefe comunal rechazó la acusación en su contra y, además, denunció al exedil por injurias y calumnias.

Risueño había iniciado en junio una querella criminal contra Castro y le reclamó además una indemnización de $80 millones por los daños y perjuicios que, según sostuvo, le provocaron declaraciones realizadas por el intendente en distintos medios de comunicación.

Ahora, Castro decidió contraatacar. A través de su abogado, Marcelo Fernández, sostuvo que las declaraciones de Risueño también podrían constituir injurias y calumnias y afirmó que, en realidad, quien se considera afectado por las acusaciones es él.

Según planteó el intendente, el exconcejal habría realizado declaraciones públicas en las que lo vinculó con un supuesto fraude millonario contra el municipio, relacionado con la compra de combustible.

La respuesta de Castro

Durante la audiencia, Castro negó que sus declaraciones sobre Risueño hayan constituido un delito. De acuerdo con su defensa, el exconcejal habría interpretado como injuriosas distintas expresiones del intendente difundidas a través de medios periodísticos.

Risueño sostiene que Castro lo vinculó con presuntas maniobras de corrupción, manejo irregular de fondos y conductas deshonrosas cuando se desempeñaba como empleado municipal y trabajaba en el área de Tesorería.

El intendente también rechazó el reclamo económico de $80 millones. Su defensa cuestionó que el exconcejal no haya explicado cómo llegó a esa cifra y señaló que no presentó pericias ni informes que permitan establecer el monto reclamado por daño moral.

Pero Castro fue más allá y presentó su propia querella contra Risueño. Según su planteo, el exconcejal habría afirmado públicamente que el intendente defraudó al municipio por millones de pesos mediante la compra de combustible.

El origen de esas acusaciones se remonta a 2018, cuando Risueño, durante una gestión anterior, denunció judicialmente a Castro por la presunta comisión de ese delito. El exedil sostiene que esa presentación no tuvo avances de los que haya sido informado.

Para Castro, en cambio, no existe actualmente una causa penal por esa denuncia y las manifestaciones posteriores de Risueño podrían configurar el delito de injurias y calumnias.

Risueño deberá responder

Tras la presentación de Castro, Risueño deberá realizar su descargo junto a su abogado, Marcelo Arancibia. El juez Montilla estableció como plazo las dos primeras horas del martes para que la defensa presente su respuesta.

Luego, el magistrado deberá resolver cómo continúa el proceso, qué pruebas serán incorporadas y cuáles serán los testigos que deberán declarar.

La causa se tramita como una querella criminal de instancia privada, por lo que no interviene el Ministerio Público Fiscal. El proceso es impulsado por las partes y el juez tiene a su cargo el control del trámite y la resolución final.

El expediente tiene además una particularidad: junto con la querella por injurias y calumnias, Risueño presentó una demanda civil por $80 millones, algo que, según las partes, constituye uno de los primeros antecedentes de este tipo dentro del sistema acusatorio provincial.

De socios políticos a rivales judiciales

Castro y Risueño mantuvieron durante años una relación política cercana, pero esa sociedad se quebró durante los últimos años de la primera gestión del intendente en Angaco.

Desde entonces, Risueño se convirtió en uno de sus principales denunciantes. Entre otras acusaciones, el exconcejal señaló que Castro habría utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado de Chimbas.

Esa causa se encuentra a la espera de juicio y permanece suspendida hasta que exista una sentencia firme en otro expediente en el que Castro y tres concejales están involucrados por presunto abuso de autoridad, encubrimiento y ejercicio incompatible con la función pública.