Al cabo de una semana en que volvió el buen clima financiero y el riesgo país cedió nuevamente hasta las proximidades de los 1.200 puntos básicos, el Gobierno volverá a tener otra de prueba y se alista para ello.

Si bien la visita a Washington que encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, no logró aflojar la resistencia del FMI a la provisión de fondos frescos, el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a dos planteos contra el DNU 70, alivió los temores de que el Ejecutivo tenga en contra a los otros dos poderes del Estado.

El Congreso aún no aprobó y ni siquiera dio media sanción a un solo proyecto de la Casa Rosada, pero finalmente el Senado -el cuerpo donde el oficialismo está más claramente en minoría- aprobó sus embajadores políticos antes de aumentar, con vergonzoso y mal disimulado sigilo, las dietas de los senadores en porcentajes y a niveles fuera de línea con las penurias que atraviesan los jubilados y la mayoría de los trabajadores del país. Desde el punto del relato mileísta contra “la casta”, pura ganancia” para el presidente.

Este lunes por la noche, desde la residencia de Olivos, Javier Milei, flanqueado por el equipo económico, buscará convencer a la población de que el esfuerzo hecho hasta aquí vale la pena. Que tras más de diez años largos la economía argentina recuperó los “superávits gemelos” (fiscal y comercial), que las reservas internacionales del Banco Central aumentaron y están ya en terreno positivo y que la inflación mantiene y mantendrá una tendencia a la baja.

Más difícil resultará convencer de que la recuperación esté a la vista. Los datos de la economía real siguen escupiendo datos negativos. Este fin de semana, por caso, se conoció que General Motors decidió volver a parar la actividad en su planta en Alvear (Santa Fe), decisiones similares a otras de Toyota, Renault y Fiat, que incluyen reducción de programas de producción, planes de retiro voluntario y achique de personal. La Encuesta de Indicadores Liberales (EIL) de la Secretaría de Trabajo marcó que el porcentaje de empresas que piensan incorporar personal se redujo a 2,3%, el nivel más bajo en diez años y es inferior al de aquellas que piensan reducirlo. Además, el índice de producción industrial de las pymes que releva la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), retrocedió en marzo por cuarto mes consecutivo y acumula en los tres primeros meses del año una caída de 19,1% respecto de igual período de 2023.

Amén de las evidencias de recesión, uno de los problemas que más marcan economistas y empresarios es el encarecimiento en dólares de la Argentina, justo cuando el dólar se fortalec

Que ese señalamiento molesta al gobierno se hizo evidente cuando el propio presidente, en el Foro Llao Llao, sacó a relucir el tema, en forma de reproche (considerando que la objeción al supuesto “retraso” del dólar es “una estupidez”) y en claro respaldo al deslizamiento del 2% mensual del tipo de cambio que aplica Economía, mientras la inflación de los últimos 4 meses superó el 90% y si bien está en descenso, las previsiones son que quedan aún por delante varios meses de niveles inflacionarios muy superiores a la pauta cambiaria oficial. Ergo, más inflación en dólares y más pérdida de competitividad externa de la economía, al punto de complicar incluso el ingreso de dólares de las agroexportaciones.

Peor aún, recientes estimaciones, como una de la Bolsa de Comercio de Rosario, proyectaron que el total de exportaciones agrícolas estará este año por debajo de los USD 30.000 millones, cifra bien superior a los USD 23.600 millones de 2023, año de extrema sequía, pero muy inferior a los USD 41.600 millones de 2022 y los USD 38.200 millones de 2021. Se conjugan allí caída de precios internacionales (de recuperación improbable, dada la fortaleza del dólar) y una fuerte reducción de la cosecha de trigo, diezmada por una plaga que podría incluso impactar en la siembra y la cosecha de la próxima campaña.

El presidente y el equipo económico necesitan convencer no solo al FMI de que el superávit de las cuentas públicas se mantendrá. Pero la etapa del ajuste a lo bruto está mostrando sus límites. Por un lado, porque la propia baja de la inflación limita el “efecto licuadora” de gastos e ingresos. Y por el otro, porque la resistencia al ajuste se vuelve más intensa y activa.

Prueba de ello será la marcha -probablemente multitudinaria- en defensa de la Universidad Pública que se realizará el martes.

El reclamo de fondos abarca a la UBA entre las 57 universidades nacionales que suman más de dos millones de estudiantes. Que el reclamo es sustancial se refleja en que luego de que el gobierno anunció el jueves una propuesta de mejora de 70% en mayo para gastos de funcionamiento, a sumar al 70% otorgado en marzo, más una partida extraordinaria de $14.400 millones a hospitales universitarios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la consideró muy insuficiente. “Anunciaron un 140%, pero el reclamo es una actualización del 280%, porque la inflación 2023 fue 211% y la de 2024 acumula 60%. Estamos a mitad de camino”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Ni hablar de los reclamos de las provincias y de lo trabajoso que le está resultando al Ejecutivo avanzar con la versión reducida de “Ley Bases” y sus propuestas de reforma fiscal y laboral. Lograr la aprobación legislativa de esas iniciativas es clave para un gobierno y un presidente que -según diversas encuestas- todavía mantiene un sustancial apoyo de “la calle”, amén del entusiasmo de los mercados. Dos apoyos importantes pero flojos de una institucionalidad que despeje dudas, atraiga a la inversión y otorgue bases firmes a las transformaciones que la economía argentina necesita para volver a crecer.

Fuente: Infobae

Rivero. C