Condena histórica por el escándalo de Branka Motors: cinco años de prisión para los tres implicados y más de 360 damnificados
Al acogerse al juicio abreviado, los imputados reconocieron expresamente su participación en la estafa piramidal o esquema tipo Ponzi vinculado a la venta ficticia de motocicletas, sumando además 13 nuevos hechos en la recta final del proceso.
En una audiencia celebrada este martes pasadas las 13:15, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra homologó el juicio abreviado presentado por el fiscal Guillermo Heredia (titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas) y el abogado defensor José Tejada. De este modo, los tres responsables de la millonaria maniobra de Branka Motors —Facundo Banega, Alexis Marcó y Jonatan Marcó— fueron condenados a cinco años de prisión efectiva de cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial.
La causa, que sacudió a la provincia durante los primeros meses del año, dejó un saldo definitivo de 365 damnificados y un perjuicio económico estimado en $573 millones. Al acogerse al juicio abreviado, los imputados reconocieron expresamente su participación en la estafa piramidal o esquema tipo Ponzi vinculado a la venta ficticia de motocicletas, sumando además 13 nuevos hechos en la recta final del proceso.
La caída del acuerdo previo y la detención
El desenlace judicial tuvo un antecedente clave que precipitó el encarcelamiento de los acusados. A comienzos de año, mediante un régimen de Justicia Restaurativa, Banega y los hermanos Marcó habían recuperado provisoriamente la libertad bajo el compromiso de comenzar a devolver el dinero estafado a partir del mes de abril.
Sin embargo, ante el incumplimiento total de los pagos pactados, la Justicia dejó sin efecto la medida alternativa y, el pasado 8 de mayo, los tres hombres volvieron a ser detenidos preventivamente hasta llegar a la resolución de este martes.
Rechazo y apelación de la querella
Pese a la condena de cumplimiento efectivo, el fallo generó un profundo malestar y un fuerte rechazo en un sector de la querella. Los representantes legales de las víctimas cuestionan duramente que el acuerdo homologado por la fiscalía no contemple un mecanismo sólido de reparación patrimonial que asegure la restitución de los fondos a los cientos de afectados.
Ante este escenario, los abogados de la querella anticiparon que recurrirán ante el Tribunal de Impugnación para impugnar el acuerdo alcanzado, buscando revertir los términos de la sentencia y continuar exigiendo respuestas económicas para los damnificados de la estafa.
POR LIC. EUGENIA VILA
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