Condenaron al acusado de balear a un remisero y se complica el acuerdo con el que buscaba evitar otra condena

Carlos Maximiliano Páez pasó, en pocos días, de negociar un acuerdo para cerrar una causa sin condena a sumar un antecedente penal por un hecho de extrema violencia. La reciente sentencia por balear a un remisero en Chimbas modificó su escenario judicial y abre interrogantes sobre el futuro de la reparación integral que había ofrecido en el expediente conocido como el de la banda de los robarruedas.

En esa investigación, Páez estaba imputado junto a otro acusado por una serie de robos de neumáticos. Tras una adecuación de la calificación legal, el caso pasó de robo agravado a hurto simple, lo que permitió avanzar en un acuerdo con la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad. La propuesta consistía en el pago de $1.000.000 como reparación integral a la víctima para extinguir la acción penal y evitar una condena.

Sin embargo, ese convenio aún no fue homologado. La definición quedó demorada por una diferencia de criterios entre el juez de Garantías Diego Sanz y la fiscal Claudia Salica: mientras el magistrado exigía la presencia de los damnificados en la audiencia, la fiscalía sostenía que ese requisito no era indispensable.

Mientras ese acuerdo permanecía pendiente, la situación procesal de Páez cambió de manera drástica.

El pasado 9 de julio, según la investigación de la UFI Genérica, Páez y su hijo, Azarías Arón Páez, persiguieron al remisero Alejandro Rodríguez Marcoleta hasta las inmediaciones de la avenida Benavídez, en Chimbas. Allí, de acuerdo con la acusación, Carlos Maximiliano descendió de un vehículo y efectuó un disparo con una pistola calibre .45 que impactó en la pelvis de la víctima.

Rodríguez Marcoleta debió ser operado de urgencia y permanece con una incapacidad estimada en 60 días. La investigación determinó que el ataque habría estado motivado por viejas disputas entre las familias Páez y Rodríguez y no por un conflicto entre barras bravas, como se especuló inicialmente.

El viernes, mediante un juicio abreviado, Páez reconoció su responsabilidad y fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones graves. En tanto, su hijo recibió una pena de 1 año y 4 meses de prisión condicional como partícipe necesario.

Aunque la condena es de cumplimiento condicional y no implica su ingreso al Servicio Penitenciario, la sentencia le dejó un antecedente penal firme, un escenario muy distinto al que buscaba cuando impulsó la reparación integral en la causa de los robarruedas.

Desde el punto de vista jurídico, el acuerdo no necesariamente quedará sin efecto, ya que corresponde a un hecho cometido antes del ataque al remisero. No obstante, la resolución definitiva dependerá de la decisión que adopte la fiscalía y de la postura que asuma la víctima al momento de tratarse la homologación del convenio.