Corre riesgo la construcción de 2.700 casas por deuda de Nación

El monto asciende a unos 1.800 millones de pesos por demoras en unos dos meses en los pagos. 

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El Ejecutivo, las empresas constructoras y el gremio de la UOCRA, que nuclea a los trabajadores de la construcción, coinciden en que el cierre del 2022 presenta un escenario crítico para la ejecución de viviendas. Es que si bien la administración uñaquista viene haciendo esfuerzos para que las obras no se frenen, el camino que trazó encontró un escollo difícil de evadir: hace unos dos meses que Nación no envía los fondos a las empresas que tienen en manos la ejecución de casas. Dicho atraso impacta sobre todo en el programa Casa Propia, que en la provincia está presente en 13 departamentos, con una cifra que asciende a las 2.700 viviendas en construcción. Esto es que todo el programa está en riesgo al punto que no descartan que puedan existir paralizaciones y despidos, si en el corto plazo el escenario no se revierte. Incluso, el secretario general de la UOCRA, Eduardo Cabello, confirmó que ya existieron “entre 40 a 50 personas despedidas en Calingasta” porque la empresa que lleva adelante la construcción del barrio El Puerto, y también el hospital departamental, no puede avanzar con las obras por falta de fondos. Según indicaron las fuentes oficiales, el monto que adeuda Nación alcanza los 1.800 millones de pesos, mientras que Cabello indicó que las personas afectadas pueden alcanzar las 10 mil.

El crítico escenario para la construcción ya había sido puesto en evidencia por la provincia cuando envió a Diputados un proyecto para declarar la emergencia en la obra pública. La norma se sancionó a principios de noviembre, pero no se aplicará hasta el año que viene porque el Ejecutivo no llega a poner en marcha el proceso administrativo. Sin esa actualización, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos lanzó otro sistema para ayudar con fondos a las constructoras. El cambio radicó en adelantar el pago de los certificados de obra de noviembre, documento que históricamente se liquidó el año siguiente, en enero. Si bien el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, y Cabello indicaron que la mayoría de las empresas ha cobrado esos certificados, desde la Cámara de la Construcción Delegación San Juan, su presidente, Julián Rins, dijo que “hay muchas empresas que no y esperan cobrarlo en enero”.

A la falta de cobro de certificados de noviembre y la implementación de la ley de emergencia para 2023, Rins sumó la falta de pago de Nación y también que las empresas deben hacer frente al bono de fin de año para sus trabajadores, por lo que calificó la situación como “crítica y sin margen”. Incluso anticipó que si para “enero no hay transferencias, en febrero habrá un montón de obras paradas”. Además, puso en duda que las compañías paguen el bono anunciado por Nación. En la misma línea se expresó Enrique Velasco de la Cámara Empresarial de la Construcción.

Sobre la crisis, Andino reconoció que “Nación pasó de pagar a 20 días a entre 40 y 50”, por lo que “estamos gestionando para que la situación mejore pero todavía el escenario es complicado”. Así, adelantó que “estamos abriendo un línea especial de descuento de certificado de Nación en el Banco San Juan” para que las empresas cambien los documentos por plata, pero con una tasa de interés. Si bien podría ser un paliativo, por lo bajo las empresas lo ven difícil porque la tasa a pagar rondaría el 50 por ciento, esto es, las empresas cobrarían la mitad del valor de los documentos.

  • Ley de emergencia y casas

La Cámara de Diputados sancionó en noviembre la emergencia en la obra pública provincial, un mecanismo que habilita al Gobierno a pagar no más del 20 por ciento del monto del contrato actualizado y hasta el 30 por ciento para obras “que presentan características especiales en insumos o equipamientos diferenciales”. Según había explicado el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, la herramienta era necesaria, de manera urgente, ya que, sin la sanción de la ley, todas las obras en ejecución estaban en juego y, por ende, “unos 12 mil puestos de trabajo”. Si bien hubo OK de Diputados, la norma entrará en vigencia en 2023 por lo que el Ejecutivo avanzó en pagar este mes los certificados de obra de noviembre, los que históricamente se han liquidado al año siguiente. Desde el Ejecutivo y las empresas indican que se trata de una norma necesaria, incluso, que ha sido replicada en otros puntos del país.

Por otro lado, sobre los barrios en construcción que pueden verse perjudicados por las demoras de Nación figuran los que están en ejecución en Calingasta, Capital, Caucete, Chimbas, Iglesia, Pocito, Rawson, Santa Lucía, San Martín, Ullum, Zonda, 25 de Mayo y 9 de Julio.

Ortiz Andino

Sobre la situación, el Ministro de Obras y Servicios Públicos indicó que “son todas las obras que tenemos de vivienda con Nación. Lo que buscamos nosotros es que no haya gente echada para fin de año y que les paguen lo que corresponde”.

Monto

1.800 Son los millones de pesos estimados que adeuda Nación a las empresas que tienen en mano la ejecución de barrios por el programa Casa Propia.

Esfuerzo

Desde las empresas privadas, nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción, reconocieron el esfuerzo que está realizando la provincia para dar una solución. Así, remarcaron que se trata de un retraso de Nación, en el que el Ejecutivo no tiene intervención.

 

Por: Juan Facundo Olivera

Op: Juan Llarena

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