Cuál es la estrategia del Gobierno para conseguir la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso

El Gobierno sorprendió la noche del jueves con el anuncio del envío al Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario. Era una decisión que se venía trabajando desde la semana pasada y que había tenido la noche del sábado último un anticipo de Javier Milei. En un contexto de minorías y con varias iniciativas frenadas por la oposición, el Ejecutivo buscó una estrategia para cumplir con el compromiso del Presidente, en línea con la legislación vigente, y al mismo tiempo avanzar con una iniciativa que es clave para el futuro de la economía.

“Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el FMI (que) nos brindará las herramientas para avanzar en el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes”, había afirmado Milei.

Además, agregó en el discurso pronunciado ante la asamblea legislativa en la apertura de sesiones ordinarias: “Esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo”.

Según pudo saber Infobae, la decisión del Gobierno de enviar el acuerdo mediante Decreto de Necesidad y Urgencia –que empieza a regir desde su firma– tiene que ver con la necesidad de que una iniciativa de la que depende la actividad económica en su conjunto tenga un tratamiento legislativo ágil, que evite las zancadillas parlamentarias y las maniobras dilatorias que pongan en riesgo su puesta en marcha.

En el oficialismo advierten que un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en países como Argentina afectan desde el dólar, a las cotizaciones de bonos y acciones, las grandes inversiones y hasta las decisiones individuales.

“Es un acuerdo beneficioso para el país, que permite el desendeudamiento, mejora el perfil de la deuda y fortalece la economía. La necesidad y la urgencia están fuera de discusión, sobre todo para un gobierno que tiene en el Congreso menos de 40 diputados y solo seis senadores propios”, explicaban anoche fuentes oficiales.

Los mismos portavoces agregaron que la decisión fue cumplir con el compromiso dado ante la Asamblea Legislativa y establecer una estrategia para respetar la legislación vigente que obliga a que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional sean tratados en el Congreso.

Para el Gobierno, el DNU tiene fuerza de ley y al mismo tiempo en su propia reglamentación -que fue redactada por la ex presidenta Cristina Kirchner, referente de la oposición y titular del PJ- se estableció una garantía para la intervención del Parlamento en el análisis y revisión de las decisiones tomadas por el Presidente.

Más allá de la narrativa del Gobierno y de los objetivos políticos, el Decreto de Necesidad y Urgencia del acuerdo con el FMI empezará un recorrido que está definido paso a paso por la ley 26.122. Deberá ser enviado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -conocida como “Bicameral de los DNU”- en un plazo de hasta 10 días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial

A partir de ese momento, la Comisión tiene hasta 10 días hábiles más para emitir un dictamen, con la firma de 9 de sus 18 integrantes. Después de cumplido ese tiempo, ambas cámaras quedan habilitadas para debatirla en el pleno. Sin embargo, la mayoría de los DNU que se firmaron desde la presidencia de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el propio Milei, nunca fueron debatidos y mantienen vigencia plena.

La Comisión está presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), su vicepresidente es el diputado Hernán Lombardi�(PRO) y el senador chaqueño por el radicalismo Víctor Zimmermann (alineado con el Gobierno) es el secretario. Como vocales están los senadores oficialistas Luis Juez y Carlos Camau Espínola y los opositores Francisco Paoltroni, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González (UP); y los diputados Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez (UP), Nicolás Massot�y los oficialistas Lisandro Almirón, Francisco Monti y Oscar Zago.

En la Casa Rosada descuentan que la Comisión Bicameral se tomará el tiempo necesario para analizar el decreto y que, al involucrar un tema de la relevancia y el impacto de un acuerdo con el Fondo Monetario, habrá en bloques como la UCR, el PRO, los partidos provinciales y un sector del peronismo, una voluntad de diálogo para evitar decisiones que puedan comprometer el rumbo de la economía.

De hecho, en la anterior oportunidad en la que el Congreso debatió el acuerdo con el FMI, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el peronismo no K, la entonces coalición opositora de Juntos por el Cambio y los provinciales le dieron su apoyo.

Tuvieron los votos, pese a que el contenido de ese entendimiento con el Fondo había recibido duras críticas desde la izquierda y La Cámpora, a los propios liberales y libertarios, como Milei y José Luis Espert: unos porque querían más gasto público y los otros porque no se aplicaban reglas de austeridad fiscal mucho más estrictas. Se aprobó con los votos mayoritarios del Congreso, pese a que había quedado a mitad de camino.

En esta oportunidad, en la Casa Rosada consideran que el nuevo acuerdo ofrece una mirada diferente, con un programa ultra ortodoxo que combina el ajuste -o la motosierra- con apertura, desregulaciones y desendeudamiento. Esos serán algunos de los argumentos que, según pudo saber Infobae, serán transmitidos en la Comisión Bicameral antes de que se termine de definir el o los dictámenes previos al debate.

Una vez cumplimentados los requisitos, plazos y requerimientos que tengan los legisladores, el oficialismo impulsará que el DNU sea llevado a su discusión en la Cámara de Diputados, donde confía en contar con más de los 129 votos requeridos para su aprobación.

Es que la ley vigente establece que para ser invalidado un Decreto de Necesidad y Urgencia se requiere del rechazo tanto de Diputados como del Senado. En la Cámara alta, La Libertad Avanza tiene apenas seis votos propios, sobre un total de 72, de los cuales 34 son de los bloques kirchneristas.

Fuente: Infobae

Rivero. C