Decía trabajar como traductora para el Gobierno y no tenía título: María Valentina Rampulla aceptó una “probation”
La joven se promocionaba en redes sociales y LinkedIn como traductora profesional, pero una denuncia del Colegio de Traductores de San Juan comprobó que no poseía título ni matrícula. Acató una suspensión de juicio a prueba.
Una joven identificada como María Valentina Rampulla fue imputada por el delito de usurpación de título tras una investigación iniciada por una denuncia formal del Colegio de Traductores de San Juan. La acusada se promocionaba en plataformas digitales y en su perfil de LinkedIn ofreciendo servicios de traducción y asegurando contar con experiencia en el ámbito público provincial.
El caso llegó a la Justicia este jueves. Si bien la denuncia inicial contemplaba una posible falsificación de documentación pública, las pesquisas permitieron reconducir la causa hacia la usurpación de título. El Colegio de Traductores detectó que la mujer carecía de la habilitación legal y de la matrícula correspondiente para ejercer la profesión.
Puntos clave de la investigación:
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Falsa procedencia académica: Rampulla afirmaba haber egresado de la Universidad del Congreso. Sin embargo, al consultar a dicha institución, se constató que nunca figuró como alumna ni como egresada.
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Ausencia de matrícula: Para ejercer legalmente la traducción en la provincia se requiere título y registro formal, condiciones que la imputada no cumplía.
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Pruebas recabadas: La fiscalía comprobó la existencia de publicidad engañosa y ofrecimiento de servicios profesionales en redes, aunque no se acreditó que haya llegado a ejecutar trabajos concretos para terceros.
Salida alternativa y acuerdo: Frente a las evidencias reunidas, la causa avanzó hacia una audiencia donde las partes acordaron una suspensión de juicio a prueba (probation) por el plazo de un año.
Bajo la supervisión de la jueza interviniente, la imputada deberá cumplir con una serie de pautas de conducta que incluyen la realización de tareas comunitarias, el pago de una reparación económica simbólica y reglas de conducta específicas, cerrando así la instancia judicial originada por su ejercicio ilegal de la profesión.
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