En medio de la creciente polémica en torno al uso de sistemas antigranizo y rompetormentas en la provincia de San Juan, la Defensoría del Pueblo, liderada por Florencia Peñaloza, ha tomado medidas preventivas para abordar la situación. A través de una presentación oficial, la Defensoría ha solicitado a las autoridades provinciales de Producción, Trabajo e Innovación, así como a Ambiente y Desarrollo Sustentable, la suspensión inmediata del uso de estos sistemas en la jurisdicción.
La solicitud también incluye la verificación exhaustiva de todos los cañones antigranizo y rompetormentas instalados en el territorio local. Además, se insta a las autoridades a presentar un informe detallado sobre el impacto ambiental que pudiera derivarse del uso de estos sistemas. El objetivo es prevenir y evitar posibles daños ecológicos y ambientales que podrían afectar a todos los habitantes de la provincia.
La preocupación generada por este tema en la sociedad sanjuanina ha llevado a la Defensoría del Pueblo a tomar medidas concretas. Aunque las opiniones sobre el uso de rompetormentas están divididas, la Defensoría busca obtener respuestas por parte de las autoridades y garantizar la protección del entorno ambiental en la región.
Con esta acción, la Defensoría del Pueblo demuestra su compromiso con la defensa de los derechos y la seguridad ambiental de la población, buscando un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la preservación del medio ambiente. La suspensión temporal del uso de rompetormentas permitirá realizar evaluaciones detalladas y tomar decisiones informadas sobre el impacto de estas tecnologías en el entorno local.
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