Demandan por $3.800 millones a un laboratorio por no entregar una droga ordenada por la Justicia a un niño que falleció

La familia de un niño sanjuanino que padecía Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) inició una demanda por daños y perjuicios contra MSD Argentina y el grupo Merck Sharp & Dohme, reclamando una compensación de aproximadamente $3.800 millones más intereses, luego de denunciar que el laboratorio no cumplió con una orden judicial que disponía la entrega de un medicamento experimental.

El menor, de seis años, sufría una enfermedad poco frecuente y grave que afecta las arterias pulmonares y puede provocar insuficiencia cardíaca. Ante la falta de respuestas con los tratamientos disponibles, la familia solicitó acceder al Sotatercept, una droga que en ese momento se encontraba en etapa experimental y que había mostrado resultados alentadores en ensayos clínicos internacionales.

Al no obtener el medicamento por parte del laboratorio, los padres recurrieron a la Justicia. En abril de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hizo lugar a la medida cautelar presentada y ordenó a la empresa MSD y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizar las gestiones necesarias para permitir el acceso del niño al tratamiento.

La resolución establecía un plazo de cinco días hábiles para avanzar con la autorización y entrega de la medicación. Sin embargo, según la familia, el medicamento nunca llegó y el niño falleció el 14 de junio de ese año.

Tras ese desenlace, los padres decidieron iniciar una acción judicial contra la compañía farmacéutica, argumentando que existió un incumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal y que esa situación generó daños que ahora buscan reparar económicamente.

La demanda fue presentada inicialmente en la Justicia Civil provincial, aunque fuentes vinculadas al expediente señalaron que el juzgado interviniente se declaró incompetente al considerar que el reclamo debía tramitarse en el ámbito federal, debido a que está relacionado con una resolución dictada por la Cámara Federal de Mendoza.

Durante el proceso anterior, el laboratorio había cuestionado la entrega del medicamento con distintos argumentos, entre ellos que la droga todavía no estaba aprobada para su comercialización en Argentina, que no existía disponibilidad local y que no había suficientes estudios sobre su utilización en pacientes pediátricos.

La familia, en cambio, sostuvo que el tratamiento contaba con antecedentes de investigación desde 2016 en pacientes adultos y que, para ese momento, ya se habían iniciado estudios específicos en niños en distintos países.

La controversia también involucró a la ANMAT, organismo que finalmente habilitó el acceso excepcional al medicamento bajo el mecanismo previsto para casos en los que existe una enfermedad grave, no hay alternativas terapéuticas disponibles en el país y existe una indicación médica fundamentada.

El caso vuelve a poner en discusión los límites entre el acceso urgente a tratamientos innovadores, las regulaciones sanitarias y las responsabilidades de los laboratorios frente a decisiones judiciales vinculadas a pacientes en situaciones críticas.