Desarrollo Minero: Exigirán residencia mínima para acceder al empleo local y mayoría de capital sanjuanino

El Gobierno provincial envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley para el Desarrollo Local Minero, una iniciativa que apunta a fortalecer la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en los proyectos mineros que se desarrollen en la provincia.

En materia de empleo, la propuesta establece como objetivo que las empresas mineras alcancen una dotación integrada en un 80% por trabajadores locales. Para ser considerado trabajador de la comunidad de influencia directa, la persona deberá acreditar al menos dos años de residencia en la zona donde se emplaza el proyecto. En tanto, para ser reconocido como trabajador local provincial, se exigirá un mínimo de un año de residencia en San Juan.

La iniciativa busca evitar que personas provenientes de otras provincias sean encuadradas como mano de obra local sin contar con un arraigo efectivo en el territorio.

Por otro lado, el capítulo destinado al desarrollo de proveedores fija una meta del 60% de compras a empresas locales. Para acceder a esa categoría, las firmas deberán cumplir una serie de requisitos: contar con un establecimiento físico en la provincia, tener mayoría de capital social sanjuanino (51%), registrar en San Juan los vehículos afectados a la actividad y tributar las patentes correspondientes.

Además, deberán integrar hasta un 80% de personal local en su nómina, en línea con los objetivos de desarrollo económico y generación de empleo impulsados por el Ejecutivo.

La propuesta también obliga a las compañías mineras a informar con anticipación las futuras contrataciones, adquisiciones y obras previstas, con el fin de que los proveedores puedan prepararse y competir en igualdad de condiciones. Para ello, se prevé la creación de una plataforma digital donde las empresas publiquen sus necesidades de bienes y servicios.

Si bien los porcentajes de empleo y contratación local funcionan como metas de referencia y no como cupos obligatorios, las mineras deberán presentar planes de desarrollo y justificar técnicamente cualquier imposibilidad para alcanzarlos. También tendrán que demostrar las acciones realizadas para capacitar trabajadores y promover el crecimiento de proveedores locales.

El proyecto contempla sanciones para las empresas que incumplan con la presentación de esos planes, falseen información sobre el origen de trabajadores o proveedores, o no respeten los compromisos asumidos.

Como incentivo, aquellas compañías que logren simultáneamente las metas de empleo y contratación local podrán acceder a certificados de crédito fiscal aplicables al pago de impuestos provinciales.