Entre los diputados que acompañan este proyecto se encuentran Emilia Orozco, Lilia Lemoine, Paula Omodeo, Rocío Bonacci, Gerardo Huessen, María Fernanda Araujo, Carlos García, Julio Moreno y Florencia Klipauka.

Los números del Congreso en los que se basa el proyecto

Uno de los argumentos principales del proyecto señala que el número de integrantes de la planta de personal permanente, transitoria y de contratados, bajo cualquier modalidad y tarea, de las Cámaras del Congreso de la Nación no podrá superar en cinco veces al número de sus miembros.

Las estimaciones propias basadas en información de la Oficina Nacional de Presupuesto indicaron que en el año 2023 la cantidad de empleados por legislador ascendía a 31 en el Congreso de la Nación, cifra que escalaba a 49,3 si se contabiliza la estructura de personal de la Imprenta y la Biblioteca”

Los números en los que se sustenta el proyecto de Llano.

Durante el período 2003-2023 la cantidad de empleados se extendió de 10.040 a 16.224, representando un crecimiento del 61,59 %. El número total de cargos se mantuvo relativamente estable desde el 2003 hasta el 2009, se expandió un 333 % entre el año 2010 y 2018 y registró una leve disminución en los sucesivos años (2019-2022).

Los números en los que se sustenta el proyecto de Llano.

Otra premisa de la propuesta busca que el total de gastos calculado anualmente en el presupuesto del Congreso supere el 0.1% del total de los gastos corrientes del presupuesto general de la República.

Además, la iniciativa estipula que el Congreso no podrá otorgar ningún tipo de becas, subsidios o pensiones graciables, o cualquier otro beneficio, a través de procedimientos que permitan que la adjudicación de los mismos quede sujeta a la voluntad individual de alguno o de algunos de sus miembros.

Los números en los que se sustenta el proyecto de Llano.

El proyecto no es sólo aplicable al poder legislativo nacional, sino que invita a las provincias y a CABA a que establecer topes equivalentes en el plazo de 5 años. Por un lado, la iniciativa plantea que la planta de personal permanente, transitoria y de contratados, bajo cualquier modalidad y tarea, de los cuerpos legislativos provinciales no supere en número a tres veces la cantidad de legisladores que integran a cada uno de esos cuerpos (versus un promedio actual de 25 empleados por legislador), disminución que representaría una baja promedio del 88 % de los cargos legislativos.

Por otro lado, propone establecer un techo del 0,1% del gasto legislativo sobre las erogaciones corrientes del presupuesto general de las respectivas provincias (frente a un nivel de gasto legislativo medio del 1,3 % sobre el gasto total).