Diputados no pudo sancionar una veintena de leyes por falta de acuerdo político

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La  creación de universidades, la moratoria previsional, reformas de la ley de Lavado de Dinero y de promoción de Agroindustria quedaron sin discutir porque Juntos por el Cambio decidió no dar quórum.

 

La Cámara de Diputados concluyó el año parlamentario sin poder sancionar al menos una veintena de proyectos económicos y sociales debido a la falta de acuerdo político entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), entre los que figuran iniciativas de creación de universidades, moratoria previsional, reformas de la ley de Lavado de Dinero y de promoción de Agroindustria, entre otras.

 

De esta manera, el cuerpo legislativo, que desde agosto es presidido por primera vez en la historia por una mujer -Cecilia Moreau- podrá tratar estos proyectos en el próximo año parlamentario, que se inicia el 1° de marzo, o en febrero, si el Gobierno habilita las sesiones extraordinarias.

 

Las dificultades para avanzar en la sanción de estas iniciativas se deben a la paridad extrema que existe en la Cámara: la bancada del FdT, encabezada por Germán Martínez, tiene 118 legisladores, y el interbloque de JxC -cuyos principales referentes son Mario Negri y Cristian Ritondo- tiene 116, lo que dificulta la realización de las sesiones porque, para alcanzar el quórum, el oficialismo debe recurrir a aliados para alcanzar los 129 diputados para habilitar una sesión.

 

También se le complicó este año al oficialismo alcanzar consensos con el Interbloque Federal, que tiene ocho legisladores, aunque tuvo el respaldo de cinco diputados que responden a las administraciones provinciales de Misiones, Río Negro y Neuquén.

 

Por eso tuvo dificultades en avanzar en un conjunto de iniciativas que quedarán pendientes para el 2023 y que son clave para el Gobierno, como la reforma de la ley de lavado de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

La importancia de la iniciativa se debe a que el próximo año se llevará a cabo una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

 

Una de las reformas más importantes que contempla esa iniciativa es la que convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, bajo jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

 

Otra iniciativa que quedó pendiente es el proyecto de moratoria previsional que contempla la implementación de un nuevo plan de pago de deuda para aquellos ciudadanos que tienen la edad para jubilarse pero no tienen los 30 años de aportes, y para los que tengan faltantes.

 

Hasta fin de año tiene vigencia una moratoria previsional para las mujeres, pero con esta nueva ley se podrá mantener este sistema e incorporar a los hombres para que también puedan acceder a un plan que les permita alcanzar los 30 años de aportes y acceder a una jubilación mínima.

 

La Cámara de Diputados tampoco pudo avanzar en la aprobación de los proyectos de creación de ocho universidades que están ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Paraná y Río Tercero.

 

Ahora se aguarda que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales que diseña el Ministerio de Economía y que permitirá al Poder Ejecutivo destinar un porcentaje de esos recursos al pago de la deuda con el FMI, apuntalar las pymes, el programa de becas Progresar y solventar obras de infraestructura energética.

 

De acuerdo al borrador de esta propuesta, se establece que se destinará el 20% de los recursos a un fondo específico a crear para el pago de obligaciones con el FMI; un 20% a las Pymes; 20% a las becas Progresar y un 40% a programas y proyectos de la Secretaría de Energía para exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.

 

También quedaron sin tratarse los proyectos económicos de promoción “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal inclusivo, sustentable y exportador”, que busca aumentar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas y redes, y la reforma de la ley de Compre argentino, que tuvo dictamen de comisión pero nunca llegó al recinto por falta de acuerdo.

 

Otro tema que monopolizó el debate en este año parlamentario fue la reforma ley de Alquileres que promovió la oposición, pero que luego tampoco llevó al recinto porque algunos de los cambios propuestos por JxC, Federales y Provincias Unidas fueron perdiendo respaldo de bloques provinciales que no estaban convencidos de permitir la actualización cada tres meses, en la actual situación inflacionaria.

 

En ese caso, el oficialismo decidió mantener los principales aspectos de la ley que aprobó el Senado en 2020 y en Diputados en 2019 -en base a un proyecto del diputado del Pro Daniel Lipovetzky-, y que fijaban un contrato a tres años y una actualización cada seis meses.

 

Tampoco se avanzó con la ley de Humedales, que busca establecer presupuestos mínimos para proteger los humedales, por la falta de acuerdo entre los legisladores -aunque en este caso se dio que la división fue transversal ya que rechaza el texto del oficialismo, además del grueso de JxC, un sector del Interbloque Federal y los diputados del FdT de las provincias que tienen emprendimientos de litios o mineros.

 

También quedaron sin tratarse otras iniciativas con un alto grado de consenso como los proyectos de ley de Obstetricia, sobre la ley 22.990 de Sangre y de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down, para hijo en gestación o recién nacido, y el programa Federal Único de Informatización y digitalización de historias clínicas.

 

Además, quedaron pendientes la aprobación del proyecto que establece la creación de Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, destinados a establecimientos o empresas, públicas y privadas donde trabajen 50 personas o más, del Plan Progresar; de paridad de géneros en las empresas del Estado nacional; el régimen previsional para los brigadistas que combaten incendios y de reparación de las victimas de la represión de diciembre del 2001, entre otras.

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