Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud Pública y miembro de este bloque, se reunió con referentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde donde le transmitieron su preocupación porque la Argentina también se retire de ese organismo. «Sería un desastre e implicarían aún más pérdidas», dijeron desde su entorno. “Desde la OPS se reciben vacunas, lineamientos estratégicos y hay convenios. Ese organismo es más técnico y es más interesante; salir de allí puede ser más perjudicial”, consideró Maquieyra.

Hasta que no se efectivice la salida de la Argentina de la OMS a través de decreto presidencial, el Congreso sólo puede acercar posturas y coordinar líneas de acción futuras. Aunque en el 2024 se dio el único antecedente histórico de derogación de un DNU, el año pasado la oposición reclamó sin éxito sostener la actividad de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo(que revisa los decretos). Tampoco pudo alcanzar el quórum para reformar la ley de DNUs. ¿Representará la retirada de la OMS un punto de inflexión?

Diputados articulan demandas del sector de salud

En las primeras dos semanas del año, el Ministerio de Salud anunció el despido de 1.400 trabajadores. El programa Remediar para el acceso de medicamentos; la Dirección de Vacunas a nivel nacional; los programas especializados en VIH, Hepatitis y Tuberculosis; la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales que respondía a pacientes oncológicos; los hospitales de referencia, como el Garrahan, el Posadas y el Bonaparte: todos fueron alcanzados por la decisión de desfinanciamiento drástico que el Gobierno delineó para este sector en el 2025. Esos sectores fueron reuniéndose semanalmente en la Comisión de Salud Pública para expresar sus demandas en común. El espacio convocó tres veces al ministro Mario Lugones, que nunca asistió.

Una de las afectadas por los despidos fue Jimena Lettieri, quien trabajó más de dos décadas en el Hospital Posadas, donde hubo 120 desafectaciones. «Estos ataques no sólo golpean a las cientos de familias que se quedan sin trabajo sino produce un enorme vaciamiento y desfinanciamiento de la salud pública», reflexionó y afirmó que “nunca nos dieron una explicación de por qué se dieron esos despidos”. “Este Gobierno se ha metido de lleno contra la salud y, así como conseguimos en este país tener una salud pública gratuita y de calidad, la vamos a defender”, remarcó.

El último encuentro informativo de la Comisión de Salud reunió actores afectados por las políticas sanitarias de la gestión nacional.

“La idea es poder confluir en alguna medida general que nos unifique a todos, ya sea en una marcha de salud o en alguna otra actividad”, compartió Leonardo Fernández Camacho, secretario de ATE del Hospital Bonaparte, quien apuntó que desde el Ejecutivo «no demostraron ningún interés en revisar la medida de despidos ni en conversar sobre los puntos críticos que dejan en el hospital», entre los que enumeró la línea de atención a urgencias de salud mental, el servicio para infancias y las guardias de psiquiatría.

Otras de las expresiones para este medio llegaron desde el Hospital Garrahan: “Las demandas no han sido satisfechas por parte del Estado», señaló para este medio Alejandro Lipcovich, delegado de ATE de la institución sanitaria, quien reconoció que existió un aumento extra del 15% sumado a la paritaria estatal (en torno al 1,2%), pero manifestó que los residentes no fueron alcanzados por este incremento y que no les son informados los balances económicos del organismo. «Estamos en contra de que un hospital tenga que regirse con criterios empresariales, porque su función no es generar ganancia. Aún así, no hay presupuesto para nada, porque no está acorde a las necesidades», agregó.