Economía cierra el año con el déficit en línea con lo acordado con el FMI

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El Gobierno confía en pasar el examen del organismo, con un 2,5% del PBI. No obstante, la Oficina del Presupuesto del Congreso advirtió que hasta octubre se habían postergado pagos por $1,1 billones.

Por Carlos Lamiral

En el Ministerio de Economía están muy confiados en que cuando cierre el año comercial este vienes se habrá alcanzado la meta del déficit fiscal primario del 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los funcionarios consultados juegan un poco al misterio y remiten “esperar al 20 de enero” próximo, cuando la Secretaría de Hacienda publique los datos. Pero se los nota optimistas por el trabajo logrado hasta ahora.

En términos concretos, el objetivo que tiene que buscar el Gobierno es cuantitativo, del orden de los $2 billones, la referencia como porcentaje del PBI es solo indicativa. Entre enero y noviembre el Palacio de Hacienda reportó un rojo primario acumulado de $1,4 billones. Lo que hay que tener en cuenta es que diciembre es estacionalmente un mes de mayores erogaciones.

De acuerdo con el “Monitor del ajuste del gasto” que elabora la consultora Analytica, en la tercera semana de diciembre las erogaciones cayeron en términos interanuales el 43%, aunque subieron 7% respecto de la semana anterior. “En relación con diciembre de 2021, continúa evidenciándose la tendencia de las semanas anteriores: el ajuste tiene lugar, principalmente, en la obra pública, los subsidios económicos y las transferencias a las provincias”, señala el informe. Analytica explica que “el leve incremento respecto del mes pasado se debe a factores estacionales, como es el pago del medio aguinaldo, y decisiones políticas, como el bono a los perceptores del programa Potenciar Trabajo”.

Las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo fueron el único rubro del gasto que subió, con el 54,1%. En cambio, la obra pública bajó 85,3% y los subsidios el 65,3%, entre otros.

Si se toma la evolución del gasto en el año, está claro que hubo un fuerte cambio de tendencia a partir de julio, luego de la renuncia de Martín Guzmán a la titularidad de la cartera económica. Hasta ese momento el gasto público subía en un promedio del 12% real y la tendencia anual marcaba un desvío del déficit primario de un punto del PBI por encima de lo pactado con Kristialina Georgieva en marzo. En julio, al llegar al quinto piso del Palacio de Hacienda, Sergio Massa le imprimió a la gestión una dosis de ortodoxia y logró así reencauzar el acuerdo con el organismo con sede en Washington.

A pesar de ello, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) advierte en un informe recientemente publicado que la denominada “deuda flotante” de la Administración Nacional registró entre enero y octubre un crecimiento del 255%.

“La deuda flotante es un pasivo del Estado que representa obligaciones ciertas pendientes de pago” y está constituida por “los gastos realizados en determinado período que por diversos motivos todavía no han sido pagados”, explicó la OPC. Ese rubro del pasivo hacia octubre ya sumaba $1,1 billones, que es 95% más alto del que había en diciembre de 2021. En cambio, en los primeros 10 meses del año pasado, el acumulado era de $310.061 millones. La OPC señaló que “desde el momento del devengamiento del gasto y hasta la realización del pago, existe la obligación pendiente de cancelación que constituye la deuda flotante”. En otras palabras, como el acuerdo con el FMI solo contempla el base caja (entradas contra salidas) la deuda flotante no es tomada en cuenta. Pero si el Gobierno no hubiera postergado los pagos, la meta del déficit fiscal no se alcanzaría este año.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso considera que Economía ha contabilizado de manera errónea el pasivo generado por el programa Dólar Soja de septiembre. El tipo de cambio diferencial de $200 para que el campo liquidara u$s7.646 millones generó una pérdida al BCRA de u$s2.962 millones que fue cubierto por el Tesoro con una letra. Esa letra, señala Libertad y Progreso, equivale a unos $436.000 millones, debería haberse registrado como un gasto corriente, aunque se hizo “bajo de la línea”, es decir, como un pasivo no corriente que no computa para el déficit primario.

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