EE.UU. apuntala al gobierno de Bolivia
Tras el respaldo de funcionarios estadounidenses al presidente Rodrigo Paz, quien denunció que detrás de las protestas que reclaman su renuncia operan algunos sectores con “intereses narcoterroristas”.
El Gobierno de Estados Unidos destinará 20 millones de dólares a Bolivia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en el marco de una Carta de Acuerdo suscrita entre ambos países para ampliar la cooperación bilateral, informó este martes la Cancillería boliviana.
Cooperación contra el crimen organizado
El acuerdo fue firmado por el ministro boliviano de Exteriores, Fernando Aramayo, y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Debra Hevia.
La Cancillería indicó en un comunicado que los 20 millones de dólares serán destinados a la cooperación técnica, capacitación, equipamiento especializado para fortalecer a las instituciones bolivianas en seguridad pública, investigación criminal y combate al crimen organizado.
“Bolivia reafirma su compromiso con una cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la acción coordinada frente a los desafíos comunes de seguridad”, agregó.
La ayuda se concreta en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras contra el Gobierno de Rodrigo Paz, impulsadas desde mayo pasado por organizaciones sindicales, campesinas y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia del mandatario.
Durante el conflicto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, expresaron su respaldo a Paz, quien señaló que detrás de las protestas hay demandas legítimas de sectores sociales, pero también “intereses narcoterroristas” que están asociados al crimen organizado en Bolivia.
Ambos países anunciaron su intención de restablecer las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2008 tras la decisión de Morales de expulsar a los agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, a quienes acusó de conspirar contra su Gobierno.
Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos gobiernos anunció la designación de representantes con rango de embajador.
La embajada estadounidense en La Paz comunicó previamente que Hevia finalizará su misión, tras casi tres años en La Paz, y será reemplazada por Erik Martini.
Las relaciones de La Paz y Washington
El entonces viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas y actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció en mayo que la DEA volvería a tener presencia en Bolivia mediante una oficina en La Paz destinada al intercambio de inteligencia criminal. No obstante, subrayó: “No hay operativos conjuntos con otros agregados policiales o con otras instancias. Y con la DEA no va a ser la excepción”.
Asimismo, rechazó las versiones que aseguraban que agentes de la DEA se encontraban operando físicamente en las denominadas “zonas rojas” del Chapare, en el Trópico de Cochabamba, una región del centro de Bolivia considerada el principal bastión de los productores de hoja de coca del país y donde reside Morales.
Sin embargo, el propio Justiniano había confirmado en abril que Bolivia volvió a investigar conjuntamente casos de narcotráfico con la DEA
El Gobierno boliviano se adhirió en marzo al Escudo de las Américas, una iniciativa de Estados Unidos para cooperar en la lucha contra el crimen trasnacional con países de Latinoamérica y el Caribe.
Sus primeros frutos se vieron días después, cuando la policía boliviana, en cooperación con la inteligencia de EE.UU. y de países vecinos, capturó en la ciudad de Santa Cruz (este) al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del continente.
Investigado por presuntamente mover 16 toneladas de cocaína, fue entregado ese mismo día a agentes de la DEA, que lo trasladaron en un avión a territorio estadounidense, donde enfrenta un juicio por lavado de dinero.
Las dudas del vicepresidente
La incorporación de Bolivia al Escudo de las Américas y el retorno de la DEA al país fueron cuestionados por el vicepresidente boliviano, Edmand Lara. En un video difundido en los canales de la Vicepresidencia, el funcionario afirmó: “El Ministerio de Gobierno nos ha vendido la idea de que la adhesión al programa Escudo de las Américas y el retorno de la DEA a Bolivia serían una solución. Sin embargo, los hechos generan todo lo contrario”.
A su vez, Lara apuntó a una posible protección al narcotráfico desde el poder. “Corresponde preguntarse con firmeza: ¿Las instituciones bolivianas están defendiendo la seguridad del Estado o están permitiendo la consolidación de una estructura de protección al crimen organizado?”, expresó.
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