La guerra de Gaza es un desastre diplomático para Israel, un atolladero militar y una tragedia humana. Intervino Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien acusó a los líderes israelíes y de Hamas de crímenes de guerra. Cree que está creando claridad moral, afirmando la primacía del derecho internacional y, por tanto, impartiendo justicia. En los tres aspectos es probable que se sienta decepcionado.

El 20 de mayo, Khan pidió a los jueces de la CPI que emitieran cinco órdenes de arresto. Dos apuntan a los cerebros detrás de las atrocidades de Hamas: Muhammad Deif y Yahya Sinwar, escondidos en Gaza; un tercero es para Ismail Haniyeh, su jefe político, que se encuentra en Qatar. Khan también pidió órdenes judiciales para Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, a quienes acusa de infligir hambre, asesinatos y exterminio.

La gravedad de las reclamaciones y el hecho de que algunos países cuestionan la legitimidad de la CPI hacen esencial que su fiscal calibre meticulosamente sus acusaciones y siga el debido proceso. En lugar de ello, Khan ha presentado reclamaciones máximas contra los dos israelíes y ha acortado el procedimiento.

The Economist cree que Israel muy probablemente ha violado las leyes de la guerra al no cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Ginebra de 1949, de proporcionar alimentos y medicinas a los civiles bajo su ocupación “en la mayor medida de los medios disponibles”. Después del 7 de octubre, varios ministros también amenazaron con represalias y castigos colectivos. Sin embargo, es un salto pasar de esto a afirmar que existe un plan criminal intencional y sistemático para matar de hambre a los civiles. Ése es el salto que suponen las acusaciones del señor Khan y, como resultado, son más serias y discutibles.

Khan ha extendido el procedimiento al solicitar cargos contra los dos hombres. Tiene razón en que la CPI tiene jurisdicción porque, aunque Israel no es parte del estatuto de la CPI, los territorios palestinos sí lo son. Sin embargo, la CPI debería procesar sólo cuando los Estados “no quieran o no puedan hacerlo genuinamente”. Israel es una democracia con un poder judicial independiente. Su Tribunal Supremo está examinando una petición sobre la ayuda a Gaza. Si el gobierno cayera, como es probable, su sucesor probablemente nombraría una comisión de investigación de la guerra dirigida por jueces. Estos mecanismos pueden finalmente fallar, y algunas veces han fallado en el pasado, pero Khan no puede simplemente eludirlos. Israel debe tener la oportunidad de demostrar que esta vez funcionará.

Los cargos contra los jefes de Hamas y los israelíes están formalmente separados, pero Khan ha optado por agruparlos en un solo paquete. Su solicitud de órdenes judiciales contra Hamas podría haber llegado poco después del 7 de octubre, pero la retrasó casi ocho meses. Sostiene que sus acciones muestran cómo los cinco hombres son iguales ante la ley. Pero agruparlos también indica que los líderes democráticamente elegidos cuyo Estado ha sido atacado pertenecen a la compañía de los terroristas.

La mejor explicación para el enfoque del señor Khan es que cree que, para que el derecho internacional sea visto como algo más que una herramienta de Occidente, tenía que parecer que intervino y estaba dispuesto a procesar a ambas partes. Pero incluso si los jueces emiten órdenes, es poco probable que juzguen los casos, porque los cinco hombres están fuera del alcance de los firmantes de la CPI.

En cierto nivel, la CPI funciona por consenso, lo que significa que debe navegar la política internacional. El apoyo que se le brinda en todo el mundo ya es frágil. Estados Unidos, China y la India no son partes; Rusia se retiró en 2016 y quiere desacreditarla porque el presidente Vladimir Putin ha sido acusado. Ahora Estados Unidos ha dicho que no tiene confianza en esta última y errónea solicitud de órdenes judiciales. El presidente Joe Biden lo calificó de “escandaloso” y Antony Blinken, secretario de Estado, dijo que considerará imponer sanciones al tribunal.

Hay aspectos positivos. Sinwar y Haniyeh podrían quedar excluidos del futuro gobierno del Estado palestino, que probablemente sería signatario de la CPI. Aunque un Israel dividido se ha unido en torno a Netanyahu, lo que no ayuda a la paz hoy, el episodio puede eventualmente debilitarlo, porque muestra que su desastrosa estrategia ha expuesto innecesariamente al país a la ignominia y al riesgo legal. Un cambio de gobierno de Israel es esencial para reiniciar la guerra y abrir un camino hacia la paz. Es la política y la diplomacia, no los tribunales, la clave para frenar la violencia y reactivar las conversaciones entre dos Estados.

FUENTE: INFOBAE

OP:CHECO MURCIANO