El estado de San Pablo aprobó el primer proyecto que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas

La Asamblea Legislativa de San Pablo, el estado más poblado de Brasil, aprobó este martes el proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en sus escuelas públicas y privadas, el primero de este tipo que avanza en el país.

El texto, que pasará al despacho del gobernador Tarcísio de Freitas para su sanción, fue aprobado de forma simbólica en el recinto, es decir, con el aval previo de todos los partidos y sin necesidad de votación individual.

La iniciativa restringe a los estudiantes el uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico con acceso a internet durante los periodos de clase, incluidos los descansos.

No obstante, hay excepciones como cuando exista una necesidad pedagógica para el uso de contenidos digitales o para estudiantes con discapacidad que requieran de este tipo de aparatos para participar en las actividades escolares.

Según Marina Helou, coautora del proyecto de ley, la intención es apoyar al personal docente de las instituciones educativas “que enfrentan una verdadera batalla” contra los celulares en las salas de clase.

Pero también que ayude a reducir las desigualdades entre las escuelas públicas y privadas, ya que muchas de estas últimas están implementando mecanismos para controlar el uso de este tipo de dispositivos.

Según el proyecto de ley, la prohibición del uso de celulares será efectiva a partir de 2025.

Una iniciativa similar que busca que la prohibición del uso de celulares en escuelas públicas y privadas de todo Brasil está actualmente tramitándose en el Congreso Nacional.

En un intento por proteger la salud mental de los jóvenes, el Gobierno de Australia anunció una propuesta legislativa para fijar la edad mínima de acceso a las redes sociales en 16 años.

El primer ministro Anthony Albanese explicó en una rueda de prensa en la ciudad de Camberra que esta iniciativa busca limitar el impacto negativo de las redes en la salud mental de los adolescentes y permitir a los padres mayor control sobre el acceso de sus hijos a las plataformas digitales.

“Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin”, declaró Albanese, quien considera que esta legislación es un paso necesario ante la creciente evidencia de efectos adversos en el bienestar de los jóvenes.

Albanese subrayó que una vez aprobada la ley, los padres podrán decirle a sus hijos que el uso de redes sociales “va contra la ley”. Según el primer ministro, la edad mínima de 16 años fue acordada en el Consejo de Ministros el día lunes de la semana pasada.

El proyecto de ley, que podría someterse a votación en el Parlamento en las próximas semanas, establece un periodo de gracia de doce meses para su implementación tras su aprobación.

Es importante mencionar que se va a permitir que menores de 16 años mantengan sus cuentas si obtienen el consentimiento paterno o si ya las tenían antes de la entrada en vigor de la ley. En estos casos no se impondrán sanciones ni a los usuarios menores ni a los padres que permitan el uso de redes.

La responsabilidad de hacer cumplir esta norma recaerá en las plataformas digitales, que deberán implementar medidas de verificación de edad. Para garantizar que las plataformas cumplan con la normativa, la Comisión Australiana de Seguridad Electrónica se encargará de establecer pautas y exigir “medidas razonables” a las redes sociales y aplicaciones digitales.

Esta supervisión se extenderá a redes como Instagram, TikTok, Facebook, X y YouTube, aunque podrían eximirse plataformas consideradas “de bajo riesgo”, donde la exposición a contenidos nocivos sea limitada.