El exjuez Ricardo Rojas será el reemplazante de Rodolfo Barra al frente de la Procuración del Tesoro

El detrás de escena de todo esto no es más que una interna feroz entre los descendientes del gigante belga Jan de Nul que compite por conservar los servicios de dragado bajo el nuevo esquema y DEME, la demandante, que tiene a uno de los Jan de Nul como díscolo, saliendo a competir con la empresa insignia de su familia. Acusaban al Estado de una licitación cuyos requisitos solo podían ser cumplimentados por la actual prestataria, lo que aseguraría su permanencia.

Pero como tampoco nada es lineal, y existen “Mamushkas” de intereses, ese mismo expediente sirvió de excusa para señalar a la gestión de la Procuración del Tesoro como colaborativa con el estudio Cassagne, identificado ahora como el enemigo N°1 del Gobierno, lo cual se ha hecho saber por vías informales. El bufete comandado por Ezequiel Cassagne, hijo del fundador, había pegado el salto desde las cercanías del massismo en los albores de la gestión libertaria y se postulaba como un eficiente articulador para la maraña de desregulaciones y privatizaciones con las que sueña el Ejecutivo, “a lo Dromi”. Sin embargo, la relación se quebró en el transcurso de los últimos meses y la virulencia del ataque contra todo lo que tenga algún vínculo con ese estudio comenzó a desatar una caza de brujas.

La salida intempestiva de Barra (y con motivos explícitos poco edificantes) buscó emular la de Ignacio Yacobucci al frente de la UIF (viajes en primera, poco apego a la gestión, objetivos incumplidos), una semana antes y su reemplazo por Paul Starc. Dos aristas a analizar: una alta fuente del Gobierno había desestimado las repercusiones negativas con epicentro en la Cámara de Casación Federal, donde se desempeña su padre, Guillermo Yacobucci que tenía especial aprecio por el cargo que había alcanzado su hijo. “Será un problema para quien tenga asuntos penales pendientes”, fue la respuesta a Ámbito desde despachos oficiales, donde minimizaban consecuencias por el movimiento.

El caso de Barra es distinto por su ascendencia y respeto en el Contencioso. Es una historia en desarrollo si se tiene en cuenta que también existieron entretelones de fondo que definieron la eyección. En el caso de Yacobucci, la mira estaba puesta en uno de los principales asesores de Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia. Nicolás Ramírez tiene la lupa encima por haber presuntamente incitado “gestiones” respecto a casos resonantes donde la UIF tenía apuntados a políticos importantes y por lo que en el gobierno denominaron “arbitrariedad” en algunas querellas. Esa arbitrariedad habría estado definida en base al éxito o no de las gestiones. El rol de Ramírez –por ahora- lo consideran desvinculado de un conocimiento explícito de su jefe formal, Cúneo Libarona, aunque reconocen que lo une una especial relación con el estudio familiar que no para de tener éxito, en manos de los hermanos del Ministro.

Fuente: ÁMBITO

Por: Graciela Herrera