El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de electricidad y gas registrarán aumentos mensuales por encima de la inflación, en un contexto marcado por la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que los incrementos formarán parte de una recomposición gradual de los servicios públicos. Según señaló, luego del fuerte ajuste aplicado en 2024, el objetivo es avanzar con subas moderadas pero sostenidas, levemente superiores al IPC, sin generar saltos bruscos en las facturas.
Caputo argumentó que modificar la metodología de medición de la inflación en esta etapa podría generar cuestionamientos políticos, en momentos en que el proceso de desinflación aún no se encuentra plenamente consolidado y restan correcciones de precios relativos. En ese sentido, indicó que el “aplanamiento” tarifario busca reducir la volatilidad entre estaciones y otorgar mayor previsibilidad a los usuarios.
Actualmente, la cobertura de costos de los servicios públicos continúa siendo parcial. De acuerdo con estimaciones privadas, los hogares residenciales pagan en promedio el 76% del costo de la energía eléctrica, el 61% del gas natural y el 32% del transporte, mientras que el servicio de agua ya alcanza una cobertura total.
Desde febrero comenzarán a regir nuevos aumentos. En electricidad, se prevé una suba promedio del 3,59% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en gas el incremento promedio nacional será del 16,86%. Estos ajustes responden a la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la actualización automática por fórmula, el nuevo esquema de subsidios y la implementación de un precio unificado del gas durante todo el año.
En paralelo, entrará en vigencia el esquema de Subsidio Energético Focalizado, que elimina la segmentación por niveles de ingresos y establece solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. El nuevo umbral para acceder al beneficio se reduce, lo que implicará que parte de los hogares de ingresos medios pierdan la bonificación.
La definición tarifaria se da en un contexto de desaceleración inflacionaria, aunque con señales de cautela. En diciembre, el IPC registró una suba del 2,8%, la más alta desde abril, y acumuló varios meses consecutivos de aceleración. Para enero, las estimaciones privadas ubicaron la inflación entre el 2,5% y el 2,7%.
Mientras el Gobierno busca sostener la baja de precios y reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas, el sendero de aumentos de tarifas por encima de la inflación se consolida como uno de los ejes centrales de la política económica para los próximos meses.
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