En medio de las medidas para avanzar con los recortes del Estado, el Gobierno de Javier Milei convocó este viernes a una subasta para vender los terrenos donde está ubicado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La decisión se da en el marco de un nuevo conflicto con los representantes de ATE por los trabajadores estatales.

A través de la Resolución 70/2024 que fue emitida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) donde convocó “mediante el procedimiento de Subasta Pública N° 392-0206-SPU24 para la venta del inmueble sito en la calle Ortiz de Ocampo esquina Cerviño Nº 3101/3129/3167, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con una superficie de terreno según catastro de NOVECIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON DIEZ DECÍMETROS CUADRADOS (919,10 m²)”.

Este terreno, con una superficie cubierta de 3.143,53 m², será ofrecido al mejor postor en una subasta abierta. Con un valor base fijado en USD 6.378.968, el proceso se llevará a cabo a través de la plataforma digital SUBAST.AR, alineándose con los estándares de transparencia y eficiencia promovidos por el gobierno.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó el valor del inmueble en USD 6.378.968, considerando su edificabilidad y el estado del terreno al momento de la evaluación. Además, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos concluyó que la propiedad no tiene valor patrimonial, permitiendo su desafectación y venta.

Según la AABE, la intención es destinar los recursos obtenidos a la planificación y desarrollo de políticas públicas, reduciendo los costos asociados a propiedades subutilizadas o en estado de deterioro. Este enfoque responde a los objetivos del Ejecutivo de maximizar la eficiencia en la administración de bienes inmuebles nacionales.

El inmueble alberga actualmente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y a la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A., donde desarrollan actividades vinculadas al avance científico y tecnológico del sector agropecuario. En este edificio trabajan 150 empleados, quienes ahora se enfrentarán a la incertidumbre sobre qué pasará con las firmas que trabajan aquí. La situación generó una respuesta activa por parte de los trabajadores, liderada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que organizó un abrazo simbólico al edificio. Según Julieta Boedo, representante de ATE, “son terrenos y edificios que llaman ociosos, pero aquí se desarrollan tareas esenciales para el desarrollo del país”.

Desde el gobierno nacional justificaron la decisión de vender el inmueble en el marco de un plan para optimizar los recursos del Estado. El objetivo, según fuentes oficiales, es reducir costos de mantenimiento y custodiar grandes propiedades que, en muchos casos, presentan deterioro por antigüedad o están subutilizadas. En este caso particular, se asegura que el INTA será reubicado en un espacio más adecuado para sus necesidades operativas, aunque los detalles sobre el nuevo destino del organismo no han sido revelados.

Cabe recordar que el Ejecutivo vienen llevando a cabo un plan para vender 309 inmuebles que pertenecen al Estado. Todos se pondrán en subastas a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. También es para destacar que hay muchos de estos edificios que están en desuso o son terrenos baldíos, aunque hay otros que están en funcionamiento, según adelantó Infobae.

El listado comprende bienes distribuidos en todo el país, incluidos centros urbanos clave como la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes o Paraná. Hay desde antiguos cuadros de estaciones de tren y terrenos ferroviarios hasta ex batallones militares donde, incluso, funcionó un ex centro clandestino de detención, y parcelas rurales de grandes dimensiones, atractivas para proyectos industriales, productivos o comerciales, como un futuro centro de esquí. También hay edificaciones donde funcionan actualmente organismos públicos y predios en zonas céntricas, frente al mar en la costa argentina, o el Lago Nahuel Huapi, muy cotizados para futuros desarrollos inmobiliarios.

Solo con los 309 que pasaron a estar disponibles para subasta en ese decreto, el organismo espera recaudar unos USD 800 millones. En la web oficial del organismo se fundamenta la decisión “de poner a disposición estos activos” en “el compromiso del Gobierno con una gestión eficiente de los bienes estatales, y la reorientación de los recursos hacia áreas prioritarias para el desarrollo del país”.