El Gobierno Nacional Imputa a Empresas en San Juan por Cobrar Tasas Municipales en las Boletas de Servicios Públicos
El Gobierno Nacional ha dado el primer paso para hacer cumplir la resolución que prohíbe el cobro de tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos, con una serie de sanciones que podrían implicar multas millonarias para las empresas involucradas. En San Juan, tres compañías locales han sido imputadas por incluir cargos no relacionados con los contratos de suministro, como las tasas municipales de alumbrado, barrido y vigilancia.
La imputación, realizada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, responde a la resolución 267/2024, que entró en vigencia el pasado 11 de octubre y prohíbe a las empresas de servicios públicos incluir en sus facturas conceptos ajenos al contrato establecido con los consumidores. De acuerdo con la normativa, las tasas municipales ya no deben ser cobradas a través de las facturas de servicios como electricidad, gas o agua.
Empresas Imputadas en San Juan
En el caso de San Juan, las compañías que fueron señaladas por infringir esta normativa son Energía San Juan, Decsa (Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A.) y Ecogas. Las irregularidades detectadas incluyen el cobro de tasas municipales en las facturas correspondientes a vencimientos posteriores al 11 de octubre, fecha en la que comenzó a regir la resolución.
Las empresas involucradas enfrentan sanciones por el cobro indebido de tasas en diferentes departamentos de la provincia. Energía San Juan fue imputada por incluir tasas en las facturas de los departamentos de Capital, Valle Fértil, Iglesia, Rawson, Santa Lucía, Pocito y Ullum. A Decsa se le abrió un sumario por el cobro en Caucete, mientras que Ecogas enfrenta una imputación por un caso similar en Rawson.
Multas Millonarias y Plazo para Descargos
El Gobierno nacional ha abierto un total de 244 expedientes en diversas provincias del país, incluyendo San Juan, Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, y otros distritos. Las sanciones previstas por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor podrían implicar multas de hasta $2.130 millones para las empresas que no cumplan con la normativa.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio, se informó que las empresas imputadas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo. Cumplido este plazo, se aplicarán las sanciones correspondientes a aquellas que no se ajusten a la resolución y continúen cobrando conceptos indebidos a los usuarios.
El Debate entre los Gobiernos Locales y el Gobierno Nacional
El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el Gobierno nacional invita a los intendentes a buscar alternativas para cobrar las tasas municipales directamente a los vecinos, en lugar de hacerlo a través de las facturas de los servicios públicos. Esta práctica, común en varios municipios del país, ha sido defendida por los gobiernos locales como una herramienta necesaria para financiar áreas clave como la seguridad, el alumbrado público y el mantenimiento de espacios verdes.
Sin embargo, los intendentes han expresado su preocupación ante la eliminación de este recurso, argumentando que limita sus capacidades para atender de manera eficiente las necesidades urgentes de la población, especialmente en tiempos de crisis o emergencia.
Un Conflicto Abierto y sus Implicaciones
El conflicto entre el Gobierno Nacional y los gobiernos municipales subraya un dilema complejo: la necesidad de los municipios de contar con fuentes de financiamiento, frente a la protección de los derechos de los consumidores, que deben pagar únicamente por los servicios contratados.
Este primer paso del Gobierno en hacer cumplir la resolución de prohibir el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos marca un precedente en la lucha por la transparencia en la facturación y la defensa de los derechos de los usuarios. Sin embargo, el debate sobre cómo deben los municipios financiar sus servicios sigue abierto, y promete generar más discusión en los próximos meses.
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