El Gobierno Nacional ordenó el cierre de dos Registros del Automotor en San Juan
El Ministerio de Justicia de la Nación continúa con su plan de desregulación y digitalización del sistema de registros del automotor, y en esta nueva etapa se incluye a dos oficinas de San Juan. La medida fue oficializada hoy mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 19/2025, que establece el cierre de 155 sedes en todo el país, entre las cuales se encuentran las de la provincia cuyana.
En San Juan, los registros afectados son el Registro 6, que tiene sede en Rivadavia 285 Este y es propiedad del Dr. Marcelo Daniel Martínez, y el Registro de Motovehículos y Maquinarias Agrícolas «A», ubicado en Entre Ríos 28 Norte y a cargo del Dr. Fernando Juan Mo.
El cierre de estas sedes se enmarca dentro de un proceso iniciado por el gobierno de Javier Milei, que busca modernizar el sistema y reducir los costos operativos mediante la digitalización de los registros vehiculares. Desde que comenzó esta gestión, ya se han cerrado 320 sedes a nivel nacional, con el objetivo de optimizar la gestión de los trámites de patentes y titularidades de vehículos a través de un sistema más ágil y centralizado.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que esta medida apunta a eliminar aquellos registros que no cuentan con un Encargado Titular y que, en cambio, son operados por personal externo designado por la autoridad competente. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para simplificar el sistema administrativo, mejorar la eficiencia y reducir la burocracia en la gestión de los vehículos y sus registros.
En total, San Juan cuenta con 8 oficinas de Registros del Automotor dedicadas a los autos y 2 oficinas especializadas en motos, de las cuales dos se verán directamente afectadas por la decisión nacional.
Los Registros del Automotor son instituciones clave en el proceso de patentamiento y transferencia de vehículos, tanto autos como motos y maquinarias agrícolas. Estos trámites son esenciales para la regularización de los vehículos en circulación, permitiendo a los propietarios actualizar la titularidad o realizar otros trámites administrativos relacionados. En promedio, los costos asociados a estos servicios pueden alcanzar alrededor del 6 por ciento del valor del vehículo, dependiendo de la operación que se realice.
La medida también incluye un plan para asegurar que los usuarios no queden desprotegidos ante la desaparición de las oficinas, ya que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios se encargará de coordinar la transición y garantizar que los trámites puedan seguir realizándose de manera remota o en otras oficinas habilitadas.
Con estos cierres, el gobierno busca dar un paso más en la modernización del sistema de registros, lo que podría facilitar el acceso a los trámites de forma digital y agilizar los procesos en beneficio de los ciudadanos.
POR LIC. EUGENIA VILA
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