Estos archivos, anteriormente bajo la custodia de la Policía de San Juan, son de gran relevancia para las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El acervo documental, que incluye información crucial para los juicios por violaciones a los derechos humanos, estaba previamente en manos de la Fiscalía Federal de la provincia, desde donde fue restituido a la Dirección de Derechos Humanos para su preservación y clasificación.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, en cumplimiento con la Ley 2350-A, que establece la creación del Archivo de la Memoria, garantiza la conservación de estos documentos en condiciones óptimas, tanto en términos físicos como de salubridad. Esta ley instruye a la administración provincial a recuperar, preservar y sistematizar toda la documentación vinculada con el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales.