El Gobierno espera utilizar el colchón de ahorro fiscal que acumuló en los primeros tres trimestre del año por el fuerte ajuste aplicado en las cuentas públicas para afronta la recta final del 2024 que tendrá presiones adicionales por el lado del gasto público, como suele suceder al cierre de cada año fiscal por el pago de aguinaldos y la aceleración sobre el final de la ejecución presupuestaria de cada área.

Esa presión adicional, aseguró el ministro de Economía Luis Caputo, sobrevendrá especialmente en noviembre y diciembre, según mencionó ante empresarios hace algunos días en Mar del Plata en el contexto del Coloquio de IDEA. Puesto en números: hasta septiembre, último dato oficial, el superávit financiero acumulado fue de 2,4 billones de pesos, que se eleva a casi 10 billones de pesos�solo al considerar el excedente primario sin intereses de deuda.

La última meta trimestral acordada con el Fondo Monetario, que era hasta fines de septiembre, fue sobrecumplida por 2 billones de pesos. Hacia fin de año el Ministerio de Economía dejó de tener un objetivo puntual pautado, pero aseguró que terminará 2024 con resultado fiscal equilibrado.

El jefe del Palacio de Hacienda mencionó como factores de presión adicional en las erogaciones para lo que resta del año “intereses de deuda y pago de aguinaldos”, algo que típicamente suele tener un impacto mayor en diciembre. Algunos analistas, como el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) Nadín Argañaraz, creen que por la aplicación de la fórmula jubilatoria actual, que ajusta de manera mensual por la inflación de dos meses antes, el gasto real en este renglón presupuestario aumentará en términos reales e implicará un desafío para el resultado fiscal.

“El gobierno gasta en jubilaciones un 35% del gasto primario aproximadamente. En diciembre ese gasto, dado el aumento real de haberes que se viene dando, va a subir en términos reales respecto a diciembre de 2023″, dijo a Infobae. En ese sentido, planteó que “es difícil determinar la cuantía, pero es posible que sea en el entorno del 7% real”.

Argañaraz apuntó, en tanto, que “en noviembre es posible que ocurra una reducción interanual leve o suba real leve, respecto a noviembre de 2023. Este es un cambio relevante de la dinámica del gasto y representa un cambio de escenario, respecto a todos los meses previos, en los que el gasto registró bajas interanuales seguidas”.

Para Invecq, “hacia adelante, las posibilidades para seguir ajustando se limitan�ya que, con la estabilización de la inflación, la licuación del gasto ya no es una opción para el ajuste, y una gran parte de gastos discrecionales -como la obra pública, subsidios, transferencias a provincias y universidades- ya fueron fuertemente ajustados durante este año”, mencionó.

Distintos informes privados que hacen el seguimiento de las cuentas públicas coinciden en que el recorte del gasto público en lo que va del año está explicado, centralmente, en el ajuste en las erogaciones en jubilaciones y pensiones (25% de la reducción total, según Iaraf), transferencias a provincias (16%) seguido de la obra pública (15%) y luego la poda de subsidios a la energía (11%) mientras que salarios y programas sociales explicaron el 8 por ciento.

“En términos prácticos, en general el déficit está en diciembre, no hay déficit en noviembre. ¿Por qué? Porque se termina el presupuesto, no se pueden pasar las partidas de un mes al otro, tenés que pagar aguinaldos, que por ejemplo en junio se hace una parte en junio, otra parte en julio, acá no lo podés repartir, entonces por eso siempre da negativo”, opinó en tanto Sebastián Menescaldi, de EcoGo en diálogo con este medio.

La consultora LCG, en tanto, aseguró que “para lo que queda del año, el aporte del blanqueo y la moratoria serán relevantes para compensar la baja de alícuotas del Impuesto PAIS (-0,2% PBI) y mayores demandas de gasto como transferencias de coparticipación de CABA (0,07% PBI vía transferencias entre septiembre y diciembre), reconocimiento de gasto aún no devengado (por ejemplo productores de gas) y mayores necesidades financieras por intereses de LEFIs (0,07% PBI)”, enumeraron, aunque terminaron por proyectar hacia final del año un superávit primario de 1,3% del PBI.

Para Invecq habrá otro desafío adicional que tiene que ver con el pago de intereses que dan las Lecaps, que al ser letras capitalizables, el interés no está contabilizado en el resultado financiero antes de que el Estado tenga que pagarlo. “Los intereses por más de $4,5 billones que generaron las Lecaps entre marzo y septiembre, junto con su capital, van por debajo de la línea y no tienen impacto alguno hasta ahora en las cuentas fiscales, hasta el momento de su cancelación”, planteó Invecq.

“Por lo tanto, el resultado financiero que estamos observando aún está incompleto, al haber ciertos intereses de la deuda que no se están visibilizando, y que podrían complicar la dinámica fiscal a futuro”, concluyeron.

Hacia adelante, ya con el 2025 en vista, LCG aseveró que “impactará la eliminación del Impuesto PAIS (1,3% PBI) y la reducción de bienes personales. El proyecto de Presupuesto 2025 espera compensarlo con la restitución de ganancias a la cuarta categoría (potencialmente menguada por distintos pronunciamientos judiciales que ya van excluyendo a trabajadores del pago) y una mejora significativa en la recaudación de Combustibles (por la actualización del impuesto) y Derechos de Exportación”, cerraron.

Por su parte, Claudio Caprarulo, economista de Analytica, planteó que en esa consultora “sostenemos nuestra proyección para el cierre de año de déficit financiero con superávit primario, un buen resultado para el gobierno”. “El mayor interrogante ya está depositado en 2025 por caso a septiembre un cuarto del ahorro en el gasto fue por la caída en las jubilaciones mientras el año que viene si sostiene un sendero a la baja o estable de la inflación ya no será posible”, dijo.

Fuente: Infobae

Rivero. C