El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo asà el pago de las futuras pensiones.
Pese a las tÃmidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.
De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica,Ây las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado.
Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serÃan necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mÃnima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.
Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro
Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las polÃticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.
La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el perÃodo mÃnimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).
Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el perÃodo de cómputo hasta los 15 años, y elevar el perÃodo de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).
Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mÃnima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el perÃodo de cómputo subió de 15 a 25 años, y el perÃodo de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.
Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo polÃtico que supondrÃa una cuarta reforma restrictiva, condenando asà a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.
Por: Rodo Galdeano
Fuente: Derecha Diario
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