El IPV cambiará el sistema de adjudicación: todas las viviendas se asignarán por sorteo y con puntaje previo

El Gobierno de San Juan avanza en una profunda reforma del sistema de adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El proyecto de ley que elabora el Ejecutivo propone dejar atrás las adjudicaciones directas y establecer que todas las viviendas financiadas por la Provincia sean asignadas mediante sorteos públicos, con un sistema de puntajes que definirá quiénes podrán participar.

La iniciativa busca unificar los criterios de acceso y garantizar un proceso más transparente. Según explicó el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, el objetivo es que todos los aspirantes compitan bajo las mismas reglas.

“La persona que reúna las condiciones establecidas por la ley tendrá la posibilidad de participar en un sorteo para acceder a una vivienda”, señaló el funcionario, quien remarcó que con la nueva normativa “se terminaron las adjudicaciones por planilla o de manera irregular”.

Un sistema de puntajes

Antes de integrar los padrones para cada sorteo, los postulantes deberán atravesar una etapa de evaluación. El Ejecutivo pondrá en funcionamiento un sistema de puntajes que ya está previsto en la legislación vigente, pero que nunca fue reglamentado.

La calificación tendrá en cuenta distintos factores, entre ellos la composición del grupo familiar, la situación socioeconómica, la estabilidad laboral y la capacidad de afrontar el pago de la cuota.

Además, el Gobierno prevé incorporar criterios vinculados al comportamiento de los aspirantes. La inexistencia de antecedentes penales será un elemento de valoración, aunque Ferrari aclaró que no implicará una exclusión automática, sino que funcionará como un criterio de prioridad cuando existan postulantes con condiciones similares.

También se analiza exigir que quienes aspiren a una vivienda no registren incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias dispuestas por la Justicia.

Nuevas causales para perder una vivienda

La reforma también alcanzará a quienes resulten adjudicatarios. El proyecto contempla la posibilidad de desafectar viviendas cuando sus ocupantes sean condenados por delitos considerados incompatibles con los fines sociales del programa habitacional.

Entre ellos se encuentran hechos de violencia intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual, homicidios y robos agravados.

Fin de las listas confeccionadas por terceros

Uno de los cambios más significativos será la eliminación de las operatorias impulsadas por sindicatos y organizaciones intermedias que durante años confeccionaron listas de futuros beneficiarios o comercializaron carpetas vinculadas a proyectos habitacionales.

Ferrari aseguró que, en muchos casos, esas promesas nunca contaron con un compromiso formal del IPV y recordó que algunas derivaron en investigaciones judiciales.

Si bien reconoció que existen personas que actuaron de buena fe al adquirir carpetas o participar en esos emprendimientos, sostuvo que el nuevo régimen busca garantizar igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

De aprobarse la iniciativa, todas las viviendas que construya el IPV seguirán un único procedimiento: evaluación mediante un sistema de puntajes, conformación de padrones y adjudicación exclusivamente a través de sorteos públicos.