El oscuro mapa del Clan de la Viuda Negra: un muerto, un desaparecido y el desgarrador prontuario de despojos a jubilados en San Juan

La causa que tiene en la mira a Carina Fernanda Godoy y a su entorno familiar dejó al descubierto una operatoria delictiva de extrema crueldad en San Juan. Bajo la fachada de brindar asistencia y afecto, el denominado Clan de la “Viuda Negra” seleccionaba quirúrgicamente a jubilados que vivían solos o sin contención familiar para despojarlos sistemáticamente de sus bienes, ahorros y viviendas.

La investigación encabezada por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari reveló un saldo trágico y alarmante entre las siete víctimas identificadas hasta el momento en el expediente de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Las víctimas y el calvario patrimonial

• Manuel Gilberto Vicentela: Es el caso más grave. Falleció en abril de 2021 tras ser ingresado por Godoy a un geriátrico. Valiéndose de un poder irrestricto emitido por el cuestionado escribano César Fernández Herrera, la imputada se transfirió a sí misma y a sus hijos cuatro propiedades del anciano.

• Miguel Ángel López: Un jubilado de 75 años que continúa desaparecido. Los investigadores detectaron que su cuenta bancaria era utilizada como “embudo” para triangular créditos fraudulentos obtenidos a nombre de otros damnificados.

• N. Pílez y M. A. Correa: El primero, un hombre analfabeto de 80 años, fue hallado desnutrido y hacinado en Chimbas tras ser usurpada su casa. El segundo, un médico ciego y diabético, sufrió el vaciamiento de más de 50 millones de pesos de un fondo de inversión y la donación fraudulenta de su inmueble.

• Otros afectados: La lista se completa con L. R. Díaz (paciente oncológico), E. R. Díaz y E. Arancibia, todos blancos de créditos bancarios fraudulentos y consumos irregulares mediante plataformas digitales.

Roles definidos y la pieza notarial clave

Lejos improvisar, cada integrante cumplía una función precisa: Godoy captaba a las víctimas; sus hijos (Matías, Rocío, Micaela y Enzo) operaban cuentas y usurpaban propiedades; su pareja, José Antonio Rodríguez, blanqueaba servicios públicos; y allegados como Analía Rodríguez dispersaban el dinero en billeteras virtuales.

Un engranaje fundamental fue la participación del escribano César Fernández Herrera, quien validó poderes y escrituras falsas —incluso con posterioridad al fallecimiento de los titulares— pese a contar con una condena penal previa por abuso sexual.

La caída tecnológica

El entramado criminal se derrumbó gracias al trabajo de gabinete y forense informático de la Fiscalía. El rastreo de direcciones IP vinculadas al domicilio de Godoy, el análisis de cámaras de seguridad en cajeros automáticos (cuyas imágenes coincidieron con publicaciones en redes sociales de las sospechosas) y el hallazgo de cuadernos con claves bancarias en los allanamientos conformaron el cerrojo probatorio que ahora mantiene a la red tras las rejas, a la espera de nuevas ampliaciones en la causa.